Un agravio mayor

No se sabe cuántos centenares de miles de firmas, millones tal vez, tendrá que recoger la madre de Sandra Palo para que las fuerzas políticas reformen radicalmente la Ley del Menor, si es que no les apetece liquidarla del todo, que sería probablemente lo más sano. No es creíble que los ilustres botarates que perpetraron ese engendro legal sean totalmente inocentes o sólo hayan pecado por soberbia ignorancia de la realidad, porque estamos viendo en muchos ámbitos, por ejemplo la enseñanza, cómo el sectarismo se complace en ignorar la realidad con la excusa de reinventarla, aunque en el experimento se hundan dos generaciones de escolares.

La patología que lleva a considerar más digno de lástima al verdugo que a la víctima tiene demasiados paralelismos en demasiados disparates progres como para pensar que sólo ha habido ingenuidad en esa Ley. Más bien parece el resultado normal de poner a jóvenes de derechas con complejo de carcas a pasar por la izquierda a los viejos de izquierdas, cosa siempre difícil aunque no imposible. La Ley del Menor priva del derecho de defensa a las familias de las víctimas, en flagrante atentado contra la Constitución y contra el sentido común; convierte a los menores de verdad recluidos en centros especiales por delitos de hurto o drogas en rehenes de los asesinos despiadados que sólo son menores porque se ha cambiado la ley y que, en cualquier caso, se han convertido en adultos resabiados mientras cumplen una condena que parece más bien una beca de estudios criminales; y los propios educadores son también víctimas propiciatorias de la violencia de estos asesinos, que primero son eso: asesinos, y luego son, o no son, menores.

Parece de sentido común que las familias de las víctimas tengan derecho legal a defenderse; que se devuelva el límite de edad penal a los dieciséis años; que cuando cumplan los dieciocho años, los criminales cumplan su sentencia en una cárcel normal; que la reclusión en centros especiales no sea un recreo sino un severo régimen de posible reeducación pero más cerca del castigo que de la burla al contribuyente; y, en fin, que todo lo que convierte a la Ley del Menor en un agravio mayor para todos los ciudadanos sea de inmediato reformado, corregido o anulado. El ministro de Justicia ha demostrado en su labor contra el terrorismo que puede y sabe cambiar los hábitos que deben cambiar. Sería el colmo que lo que pudo contra los etarras no lo pudiera contra los urras. O que, al menos, no lo intentara.