Como cada año, el máximo representante del Estado en Cataluña se apresta alegre a incurrir en el muy tipificado delito de prevaricación. Como cada año, pues, el presidente de la Generalidad impedirá que en su ínsula Barataria se cumpla la Ley, violando de modo consciente, deliberado y ostensible la de Política Lingüística, norma de obligado cumplimiento emanada del mismísimo Parlament.
Así, como cada año, José Montilla ordenará a los funcionarios bajo su mando que obstruyan la aplicación efectiva del artículo 21.2 de esa disposición legislativa, el que reza: "Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique". Como cada año, en fin, el modus operandi de la felonía consistirá en manipular el impreso de matriculación, suprimiendo la casilla que daría opción a los padres a elegir la enseñanza en castellano. Hasta aquí, lo de cada año.
Concurre, sin embargo, una novedad en el periodo de preinscripción escolar que se inicia estos días. Y es que cierta iniciativa privada se ha adherido con entusiasmo digno de mejor causa a la persecución contra los castellanohablantes. Se trata de la empresa Promedios, sociedad concesionaria de la publicidad en los autobuses de Barcelona. Resulta que a los dueños de Promedios, razón social que explota idéntico negocio en los transportes municipales de Madrid, Valencia y varias decenas más de ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, no les gustaría que existiese libertad lingüística en Cataluña.
Promedios, al parecer, prefiere que el castellano siga prohibido en las aulas del Oasis. Consecuentes con ese íntimo anhelo de sus accionistas, los directivos de Promedios han vetado la campaña que la Asociación por la Tolerancia contrató a fin de exhibir en los autobuses carteles favorables a la enseñanza en castellano. A Promedios, que prestó de grado sus soportes móviles a los promotores del slogan Dios probablemente no existe, se le antoja "muy polémico", en cambio, reclamar que en Barcelona se respeten las sentencias del Tribunal Supremo; tan, tan polémico, que Promedios se ha negado en redondo a difundir la campaña; de ahí que, sin más explicaciones, la haya censurado.
No recuerdo ahora si ya he escrito el nombre de la heroica empresita en cuestión. Se llama Promedios. Reténgalo en la memoria el lector: P-r-o-m-e-d-i-o-s. O sea, Promedios.