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9 de abril, sábado rojo

Suárez llevaba madurando la decisión final, a pesar de los riesgos, desde el 28 de febrero. Ese día se plantó en Zarzuela, tras la entrevista que había mantenido el día anterior con Santiago Carrillo

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El Partido Comunista Español, en imágenes

Hoy se cumplen cuarenta años de la legalización del partido comunista. La noticia se conoció a las diez menos cuarto de la noche del sábado santo, 9 de abril. A esa hora, el ministerio de la Gobernación confirmó el rumor que había puesto en circulación a las seis de la tarde la agencia Europa Press: el PC había quedado inscrito, con el número 125, en el folio 156 del registro oficial de Asociaciones Políticas.

Horas antes, a las doce del mediodía, el Fiscal del Tribunal Supremo había reunido a la junta de fiscales de sala para evacuar el informe que tres días antes le requirió formalmente el Gobierno. A primera hora de la tarde, un simple párrafo de tres líneas resolvió la cuestión más espinosa de la agenda política de la transición:

Oída la junta de fiscales generales, evacuando el informe que le ha sido interesado, no se desprende ningún dato que determine de modo directo la incriminación del PC en cualquiera de las formas de asociación ilícita que define y castiga el artículo 172 del código penal en su reciente redacción.

Desde el momento en que la noticia se hizo oficial, los teléfonos de los ministros militares no pararon de sonar. Muchos compañeros de armas comenzaron a urgirles que abandonaran el Gobierno en señal de protesta. Los ministros del Ejército y del Aire resistieron las presiones a duras penas. El de Marina, Gabriel Pita da Veiga, anunció su dimisión el lunes día 11. A Suárez le costó tres días encontrar a algún almirante que estuviera dispuesto a sustituirle.

El 14 de abril, un día antes de que el nuevo ministro tomara posesión de su cargo, el Consejo Superior del Ejército hizo pública una nota en la que expresaba "la profunda y unánime repulsa del Ejército" ante la legalización de los comunistas. El ruido de sables era ensordecedor.

Suárez llevaba madurando la decisión final, a pesar de los riesgos, desde el 28 de febrero. Ese día se plantó en Zarzuela, tras la entrevista que había mantenido el día anterior con Santiago Carrillo en casa de José Mario Armero, y le dijo que había llegado el momento de legalizar el partido comunista. "Carrillo mantiene el compromiso que le hizo llegar a través de Ceaucescu -le dijo Suárez al rey- y aceptará la Monarquía y la bandera roja y gualda". Juan Carlos le respondió: "Conozco bien a los militares y no tenemos que darles la impresión de que maniobramos a sus espaldas. Me gustaría hablarles yo mismo de este asunto, pero debes ser tú, en calidad de presidente del Gobierno, quien le ponga al corriente de nuestras intenciones. Debes explicarles que el PC es un partido minoritario cuyo prestigio no haríamos más que incrementar manteniéndolo en la clandestinidad".

Cuando los comunistas solicitaron la inscripción de su partido en el Registro de Asociaciones Políticas, el 11 de febrero, el ministerio de la Gobernación paralizó el procedimiento hasta que la Justicia aclarara si sus estatutos incurrían o no en un supuesto de irresponsabilidad penal. El Consejo de Ministros, diez días después, trasladó la consulta al Tribunal Supremo. Todo el mundo esperaba, Suárez incluido, que el alto tribunal ratificara la imposibilidad legal de atender de la solicitud de los comunistas, pero contra pronóstico los magistrados se quitaron de en medio.

El 1 de abril, el Supremo se declaró incompetente para pronunciarse sobre la legalización del PC y le devolvió la patata caliente al Gobierno. Lejos de ser una mala noticia, la postura de los jueces le brindaba a Suárez la gran oportunidad de cumplir la promesa que le había hecho a Santiago Carrillo en casa de Armero.

-Hemos estado jugando este año una partida de ajedrez y usted ha ido avanzando sus peones de forma que ha condicionado mi juego -le dijo el presidente del Gobierno al secretario general del Partido Comunista nada más estrecharle la mano.

Carrillo fue directo al grano:

-Vengo a presionar para que el presidente nos legalice antes de que se celebren las elecciones.

-Esa decisión levantaría una polvareda en el Ejercito que podría conducir a España a un golpe de Estado.

-España ha madurado mucho. Los ciudadanos quieren paz y democracia.

-Por eso hay que andar con pies de plomo. Dentro de dos o tres años la situación será más estable y las Fuerzas Armadas habrán asumido la dinámica del cambio político. Entonces la legalización del PC ya no será un problema.

-Si yo no me presento, las elecciones carecerán de legitimidad y su reforma hacia la democracia no será creíble.

-Y si yo no le legalizo, no tendrá presencia en las instituciones y no podrá influir en el proceso constituyente.

-Si no nos legaliza desacreditaremos las elecciones, aunque sea colocando urnas de cartón con nuestras candidaturas en los colegios electorales. Movilizaremos a todos nuestros apoyos para hacer fracasar el cambio.

-¿Y aceptaría usted presentarse como independiente? Esa fórmula nos ahorraría muchos problemas a corto plazo.

-¿Presentarme como independiente? Ni así, ni vestido de lagarterana. Aquí hemos venido a hablar de política con pe mayúscula.

-¿Aceptarán la bandera nacional, la monarquía y la unidad de España?

-Nosotros somos republicanos, pero aceptaremos la monarquía siempre y cuando ésta apueste por la democracia. Lo importante ahora no es el debate entre monarquía o república, sino la elección entre dictadura o democracia, y nosotros estamos claramente con la segunda. Si el rey asume la monarquía parlamentaria y constitucional, nosotros le apoyaremos. Me consta que él ya lo sabe.

A las doce de la noche, después de un forcejeo suave en las formas y firme en las posiciones de fondo, Suárez y Carrillo alcanzaron un pacto de caballeros: habría legalización antes de las elecciones pero los comunistas se comprometían a moderar sus mensajes electorales y sus movilizaciones públicas.

El 4 de abril, lunes santo, los dos vicepresidentes y los ministros de Gobernación, Justicia y Secretaría del Gobierno acudieron al despacho de Suárez. "Ha llegado el momento de legalizar al PC -les dijo-, y conviene hacerlo de forma inmediata. Hay que aprovechar la semana santa. O ahora o nunca".

El vicepresidente político, Alfonso Osorio, se manifestó en contra. Ni le gustaba la vía elegida, ni la oportunidad del momento, ni la minusvaloración del riesgo. A su juicio, idéntico al que Torcuato Fernández Miranda le había manifestado a Suárez días atrás, ampararse en el criterio único de la fiscalía suponía hacer una interpretación demasiado laxa del código penal. Además, a su juicio, la decisión debía posponerse a la celebración de las elecciones generales para que fuera avalada por todos los partidos, y tenía que ser refrendada por el Consejo de Ministros para evitar en lo posible las reticencias militares. Suárez zanjó la cuestión con autoridad: "No hay tiempo que perder. Está en juego la credibilidad de la reforma".

De las pegas planteadas por Osorio y Fernández Miranda, la que a Suárez más le inquietaba era la del posible golpe militar. De acuerdo a la petición que le había hecho el rey, la víspera de la legalización quiso llamar uno a uno a los tres ministros militares para adelantarles lo que iba a pasar al día siguiente y el porqué de su conveniencia. El teniente general Gutiérrez Mellado le dijo: "Es preferible que no nos saltemos la cadena de mando. Debo ser yo quien hable con ellos en calidad de vicepresidente para Asuntos de la Defensa". Suárez accedió a la petición de su número dos, pero estableció una cautela específica: "Diles que yo estaré en mi despacho dispuesto a aclararles cualquier duda que tengan".

Ninguno de los tres ministros llamó.

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