Los correos electrónicos cruzados entre Urdangarín y sus socios, en los que se revela la participación del Rey en el engrase de la maquinaria administrativa pepera que alimentaba al Instituto Nóos, es el escándalo más grave de los protagonizados por la monarquía en los últimos tiempos; y ha habido ya unos cuantos. De confirmarse su veracidad, esos mensajes desmontan por completo la versión que la Casa Real dio de sus gestiones cuando estalló el asunto judicial de los pagos de Baleares y Valencia a esa pintoresca entidad "sin ánimo de lucro", que ha acabado llevando al yerno del Rey ante la Justicia.
Si los negocios de Nóos eran perfectamente lícitos ¿Por qué se obligó a Urdangarín a desvincularse del Instituto? Y si no respondían al nivel de ejemplaridad que el propio Monarca fijó en su mensaje de Nochebuena ¿Por qué se siguieron haciendo gestiones al más alto nivel para procurar nuevos acuerdos comerciales a favor de los hoy imputados?
Da la impresión de que todo consistió en una operación de maquillaje con la que, en realidad, no se pretendía elevar los estándares éticos de los miembros de la Institución prohibiendo el trinque de las arcas autonómicas, sino simplemente impedir en la medida de lo posible que el nombre de los Duques de Palma apareciera en ese entramado.
La infanta Cristina queda también bastante malparada tras el descubrimiento de estos correos electrónicos de su marido porque, de ser auténticos, difícilmente se podrá seguir aduciendo por parte de la Fiscalía y la magistratura que la hija del Rey de España está libre de toda sospecha porque era ajena a estos enjuagues. No sólo estaba perfectamente al día sino que su marido da cuenta de sus gestiones, cafelito mediante, para conseguir patrocinios en los eventos deportivos a los que el Instituto Nóos asesoraba, además de servir de enlace entre Urdangarín y el Rey, al menos en una ocasión, en las negociaciones con empresas e instituciones públicas de las que el entramado societario de los duques obtenía pingües beneficios.
Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario, garantía del Estado de Derecho que alcanza también a los miembros de la Casa Real. Ahora bien, tras la aparición de estos documentos ya no cabe la eximente previa por desconocimiento, como han venido afirmando la Fiscalía y el juez Castro. Sin perjuicio de que la Justicia dicte en su día la sentencia que corresponda, lo normal es que se permita a la esposa de D. Iñaki confirmar, matizar o desmentir ante el juez lo que en esos correos electrónicos se sugiere. Lo contrario sería otro escándalo y, sinceramente, da la impresión de que la Casa Real ha cubierto ya el cupo para esta temporada.