Imaginemos que sea cierto que, como dijo el abogado malagueño Antonio Urdiales, las siglas JAG aparecidas en un trastero de Juan Antonio Roca, el capo de la trama marbellí, junto a la anotación contable de 200.000 euros entregados por diversos favores, correspondan a Juan Antonio González, el supercomisario de del ministro Rubalcaba para casos de corrupción política y otros menesteres. En este caso, todo un ministro del Interior del Reino de España estaría en manos de un presunto delincuente imputado en un extenso sumario. Juan Antonio Roca sólo tendría que hacer público a qué persona corresponden tales siglas para desbaratar el Ministerio de Interior y provocar la dimisión inmediata de su titular.

Muy seguro parece estar Rubalcaba de que lo que dijo Urdiales no es cierto y se está aplicando a la defensa numantina de su supercop, que, curiosamente, no ha presentado querella alguna por injurias contra el abogado de Torremolinos. Lo único que se sabe es que ante "estas gravísimas acusaciones, realizadas tanto en la sede del Tribunal como a la salida de la Sala, los servicios jurídicos del Sindicato Profesional de Policía, en defensa de su afiliado, han presentado esta misma mañana solicitud de Licencia al Tribunal para proceder contra el letrado Alfonso (es Antonio) Urdiales por un delito de calumnias de forma inmediata". Sorprendente anomalía porque en caso de injurias y/o calumnias quien debe interponer la correspondiente querella es la persona afectada por tales imputaciones

En realidad, lo que dijo Urdiales fue que las siglas JAG no podían ser de otro sino de Juan Antonio González, cosa que no sólo deduce él de los mimbres del sumario, sino que es una deducción generalizada en los cuerpos superiores de la Policía Nacional que uno mismo ha podido comprobar.

Con menores indicios se han desvelado personalidades ocultas por siglas a bombo y platillo. En el caso Gürtel, se ha hecho a malsalva. LB, por ejemplo, fue Luis Bárcenas con toda seguridad mucho antes de que pudiera demostrarse nada. Y en el famoso caso de corrupción andaluza conocido como "Caso Ollero" (o Cacerolo), los pinchazos telefónicos judicialmente ordenados sólo recogían apelativos como "Ópera", "árbol"y otros que pronto fueron descifrados comoAida Álvarez, Rafaeldel Pino, etc.

Sin embargo, en esta ocasión, los vestigios que muestran que JAG debe ser, por deducción lógica, Juan Antonio González son, cuando menos, respetables. Puede ser una mala deducción, más nunca una injuria. De serlo, otras muchas habrían precedido a la que comentamos.

El juez, en el sumario, no menciona sólo unas siglas sino que hace un perfil de quien se oculta tras ellas. En una relación de llamadas aparece la mención "JAG (Francisco de Paula) Comisario de Marbella" y se dice con toda claridad: "Por lo tanto, la persona que se esconde bajo el acrónimo JAG es una persona que conoce la estructura policial y que está al tanto de las decisiones en el Cuerpo Nacional de Policía". Y luego aparece un pago a favor de JAG y a cargo de Roca por importe de 200.000 euros. Junto a las siglas JAG aparecen, por si fuera poco, otros nombres de altos cargos policiales de ámbito nacional.

Y además:
 

1. Juan Antonio Roca nació en Cartagena y desarrolló amplias actividades empresariales en Murcia entre 1991 y 2003. De la provincia de Murcia son originarios 20 imputados en la Operación Malaya. Juan Antonio González fue comisario general de la región de Murcia desde el año 2000 hasta su nombramiento como Jefe Superior en 2004. No tuvieron más remedio que tener conocimiento el uno del otro.
2. Además, El País afirmó en su día que Roca fue confidente de la Policía un tiempo. Es más, era fundamental para investigar al alcalde Jesús Gil, que quería trasladar el modelo implantado en Marbella a otros lugares de la costa, dos de ellas tan sensibles como Ceuta y Melilla. Dijo el diario de Cebrián: "Y Gil estaba teniendo éxito. Roca colaboró un tiempo. No mucho. Luego lo dejó. Se sintió más cómodo colaborando con dos funcionarios del CNI que se hacían llamar Tomás e Ignacio".
3. Juan Antonio González conoció a Francisco de Paula García Vélez en la región de Murcia cuando éste era inspector jefe de la Comisaría de Yecla y, según los testimonios recabados personalmente, llegaron a ser muy amigos, tanto que el primero no se dio por enterado de algunos negocios relacionados con el segundo, negocios que eran y son manifiestamente incompatibles con la tarea policial.
4. Una vez vuelto a un alto cargo de la policía desde Murcia, Juan Antonio González asiste al nombramiento de Francisco de Paula como comisario de Marbella. Sin su consentimiento o sin su aprobación, parece imposible que tal nombramiento hubiera tenido lugar. Las hipótesis sobre este ascenso y este destino están abiertas, pero es natural que González quisiera que un amigo estuviese en primera línea de la investigación de la Operación Malaya.
5. Para los agentes encargados de la investigación judicial sobre las siglas JAG había fuertes indicios de sendos delitos de cohecho y revelación de secretos cometidos por alguien relacionado con altas instancias policiales. Los dos inspectores de Policía que intentaron identificar a JAG tuvieron que abandonar sus investigaciones en la primavera de 2007 ante las presiones que recibieron. La sección de Blanqueo de Capitales del Grupo III de Udyco Costa del Sol, dirigida por uno de estos inspectores, quedó totalmente descabezada. Curiosamente, esta unidad dependía entonces del comisario Juan Antonio González.

Dicho esto, JAG puede ser, cómo no, José Antonio Griñán. O José Antonio Girón (de Velasco). O cualquiera. Pero el sentido común, el perfil trazado por el juez y los informes policiales y las demás circunstancias, parecen apuntar en una dirección bien clara.

De ser cierto lo que dijo el abogado Urdiales, que se fundó en todo lo anterior para decir lo que dijo, Juan Antonio Roca, el capo Malayo, tendría cogidos por partes blandas al ministro Rubalcaba y a su subordinado González.

Por ello, de ser cierto, Rubalcaba, si le quedase algún sentido del Estado, debería dimitir de manera inmediata para que España, su Gobierno y sus instituciones no se vieran perjudicadas por el chantaje de un imputado. De disponer aún de algo de decencia política, debería pedir ser sustituido por quien nada tuviese que temer de quien sabe perfectamente –y juega con el secreto–, a qué identidad corresponden las siglas JAG.

Pero si Rubalcaba cree que no es cierto, debe ordenar de manera inmediata una investigación exhaustiva e incansable para determine sin lugar a dudas qué identidad late tras las siglas JAG, por su bien, por el bien de la Policía y por el bien del país.