La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe a las mafias que se lucran con el descontrol fronterizo. En una reciente operación, los agentes han procedido a la detención de seis personas por su presunta implicación en una trama delictiva dedicada a facilitar falsos empadronamientos y contratos de alquiler ficticios a inmigrantes que residen en la provincia de Almería. Entre los arrestados destaca la presencia de un funcionario adscrito al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, lo que pone de manifiesto las ramificaciones de esta red en la administración local.
El operativo ha sido coordinado y ejecutado por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), un cuerpo especializado que lleva meses siguiendo el rastro de esta organización criminal. Durante los últimos días, los agentes han llevado a cabo diversos y minuciosos registros en varios inmuebles ubicados tanto en Almería capital como en el municipio de Roquetas de Mar, incautando documentación clave para desentrañar el alcance total del fraude.
Las investigaciones han revelado que la trama operaba con un alto grado de sofisticación y connivencia. Además del empleado público, entre los capturados se encuentra, al menos, un empresario del sector inmobiliario. Las fuentes policiales no descartan que en los próximos días puedan producirse nuevas detenciones de otros profesionales vinculados a este ámbito, quienes habrían facilitado los trámites fraudulentos para lucrarse a costa del sistema de bienestar social y de los propios extranjeros.
Tras pasar a disposición judicial, la Sección Civil y de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Berja ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de los principales cabecillas de la red. Esta decisión subraya la gravedad de los hechos investigados y el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas por parte de los máximos responsables de la organización.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha detallado que a los seis involucrados se les imputan delitos de extrema gravedad, tales como pertenencia a organización criminal y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, al favorecer de manera directa la inmigración irregular. A esto se suman las acusaciones por falsedad documental, defraudación a la administración y cohecho activo, delineando un panorama de corrupción sistemática.
Por su parte, los otros cuatro investigados, entre los que se encuentra el funcionario del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, han quedado en libertad provisional, aunque sujetos a estrictas medidas cautelares. En el caso del trabajador municipal, la Justicia le imputa delitos específicos de cohecho pasivo y prevaricación administrativa, al haber utilizado presuntamente su cargo público para facilitar los trámites ilegales de la trama.
Para garantizar que los acusados puestos en libertad no eludan la acción de la Justicia, el magistrado ha dictaminado la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes. Del mismo modo, se ha procedido a la retirada inmediata de sus pasaportes y se les ha impuesto la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional mientras avanza la fase de instrucción, en la que se terminarán de concretar los cargos exactos contra cada uno de los implicados.