La llegada de embarcaciones ilegales a las costas canarias está muy lejos de mejorar. A pesar de que durante las últimas semanas se han puesto sobre la mesa diferentes propuestas y medidas para frenar la "invasión" y descongestionar los centros de acogida de las islas, las cifras no dejan de crecer exponencialmente con la sucesión de los días.
El mes de enero trajo consigo un ritmo de llegadas ilegales más elevado que en años anteriores. Con un aumento de más del 1.184,5%, el Gobierno de Canarias admite una "fuerte preocupación" en vista de lo que la inmigración depara al 2024, sobre todo teniendo en cuenta que en el primer mes y medio del año, han alcanzado las costas del archipiélago más personas que las que lo hicieron durante ocho meses del 2023 (11.439).
El balance publicado por el Ministerio del Interior, cifra un acumulado de 11.704 personas llegadas a las islas desde el 1 de enero hasta el 15 de febrero, a bordo de 176 cayucos y pateras. De este total, 4.434 se han producido en la primera quincena de este mes, un dato que supera en 1.200 personas a las que llegaron en las respectivas quincenas de enero.
Ante esta incontrolable entrada de ilegales por los puertos canarios, el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, reitera que la situación migratoria en el archipiélago es "insostenible", y admite la "fuerte preocupación" del Ejecutivo de Fernando Clavijo ante una situación que empeora cada mes.
En este inquietante contexto, el Ejecutivo autonómico depositó sus esperanzas en la reciente visita del presidente Pedro Sánchez a Mauritania, de donde proceden el 83% de las personas que arriesgan su vida para pisar suelo Europeo a través de la Ruta Atlántica. Pero los resultados del encuentro son todavía desconocidos más allá de los 500 millones de euros de la UE para mejorar la situación en el origen y contener la salida de cayucos.
Puestos a repartir ayudas y dejar que el dinero haga su efecto, el Estado ha concedido una nueva partida a las Islas Canarias para paliar los costes derivados de la inmigración, esta vez con 60,6 millones, que se suman 159 millones que ha aportado en los últimos meses. Pero dadas las circunstancias, no hay dinero que frene el colapso de los servicios de atención y asistencia del archipiélago.
A ello se suma que actualmente la comunidad autónoma tiene 5.600 menores no acompañados tutelados que se encuentran en 71 centros y "sin respuesta por parte del Estado" al planteamiento canario realizado sobre la modificación de normas para que otras autonomías acojan a los menores inmigrantes, porque "la solidaridad ha fracasado", lamentan desde el Gobierno canario.
Este asunto está incluido en la Agenda Canaria con la que Sánchez prometió cumplir a cambio del apoyo a su candidatura, y por el momento, según ha afirmado el presidente Clavijo, "todo lo que se está haciendo va en línea con la distribución de los menores", aunque esté tardando en llegar, como ya vaticinó la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, que dio como plazo hasta finales de marzo para tratar las propuestas de modificación de la ley de reparto.
Este mismo viernes, el presidente canario ha declarado que, previsiblemente, la semana que viene tendrán los informes de los ministerios respecto a las cuatro propuestas que el Gobierno de Canarias ha dado para modificar la ley y que esa distribución sea obligatoria. "A ver si conseguimos tenerlo y empezar las iniciativas y las modificaciones legislativas porque la situación es insostenible".