El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nula la ordenanza que regulaba la nueva tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria, al considerar que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento para su aprobación no se ajustó a derecho.
La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, estima los recursos presentados contra el acuerdo municipal y deja sin efecto una de las medidas fiscales más controvertidas impulsadas por el Gobierno local en los últimos años.
El fallo no cuestiona la obligación legal de que los municipios implanten una tasa para financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos, sino la forma en la que el Ayuntamiento aprobó la ordenanza. Según el Tribunal, durante la tramitación se produjeron irregularidades suficientes para declarar su nulidad.
Revés para el Ayuntamiento
La resolución supone un importante revés para el equipo de Gobierno de la alcaldesa Carolina Darias, que defendía este impuesto como una exigencia derivada de la legislación estatal y europea sobre gestión de residuos.
La nueva tasa había generado un intenso debate político y social desde su aprobación. La oposición criticó tanto el cálculo de las cuotas como la falta de información sobre el coste real del servicio, mientras que numerosos vecinos mostraron su rechazo al incremento de la presión fiscal.
El Consistorio estudiará la sentencia
Tras conocerse el fallo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado que analizará en detalle la resolución judicial antes de decidir los próximos pasos. Entre las opciones se encuentra la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo o iniciar una nueva tramitación de la ordenanza corrigiendo los defectos señalados por el TSJC.
La sentencia abre ahora un escenario de incertidumbre sobre la aplicación del tributo y sobre las liquidaciones que ya se hubieran emitido o estuvieran pendientes de cobro.
Con esta decisión, el TSJC obliga al Consistorio a replantear la implantación de la tasa de basura, una medida que había sido presentada como clave para garantizar la financiación del servicio de gestión de residuos en la capital grancanaria.