La Justicia ha puesto freno a los intentos de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, por engordar las arcas municipales a costa del sector que sostiene la economía canaria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la tasa turística impuesta por su gobierno, tras estimar el recurso presentado por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas.
Un relato político sin base legal
El fallo, que impone además el pago de las costas al Ayuntamiento hasta un límite de 3.000 euros, desmonta por completo el relato político empleado por la corporación de Bueno para justificar el gravamen de 0,15 euros por pernoctación. Aunque desde la alcaldía se intentó escudar la medida bajo el paraguas de la lucha contra el cambio climático, según el propio magistrado en la sentencia, la ordenanza recurre a expresiones "ambiguas, imprecisas, genéricas y eminentemente abstractas" para tratar de legitimar una carga económica que carece de sustento técnico. Para el TSJC, no existe duda, se intentó utilizar un concepto que suena noble como el ecologismo para encubrir lo que, en esencia, no es más que un impuesto camuflado con fines puramente recaudatorios.
Desnaturalización de la tasa
La sentencia subraya que la gestión de Onalia Bueno "desnaturalizó" la figura de la tasa. En términos jurídicos y económicos, una tasa debe responder obligatoriamente a la prestación de un servicio concreto o a una actividad administrativa que afecte de modo particular al sujeto pasivo. Sin embargo, en el caso de Mogán, esta figura se retorció para convertirse en una vía sencilla de aumentar la presión fiscal sobre el motor turístico.
El tribunal indica, "no sin cierto pesar", que el Consistorio pretendió hacer uso de esta "sedicente tasa ecológica" como un mecanismo de obtención de recursos económicos extra, alejándose de los principios de buena administración.
Aviso para navegantes
El TSJC lanza un aviso para otras administraciones locales que contemplen medidas similares. La gestión pública exige rigor presupuestario y no la búsqueda de ingresos mediante triquiñuelas administrativas que lastran la competitividad de las islas.
La sentencia deja claro que no se puede utilizar el argumento verde como un comodín fiscal para cubrir déficits o financiar el gasto público cargando el peso sobre los visitantes y las empresas que, día tras día, levantan el tejido productivo del archipiélago. Ahora, el equipo de Gobierno de Mogán deberá rectificar una política que la justicia ha señalado como un intento de voracidad política a costa del sector privado.