En Canarias, uno de cada cuatro vecinos vive atrapado en la pobreza. Sin embargo, la lectura que hace la izquierda mediática transforma este drama en una victoria política, celebrando que más de medio millón de isleños sobreviva gracias al Ingreso Mínimo Vital o la Renta Canaria de Ciudadanía, un escudo que camufla el fracaso del tejido productivo.
Detrás de la estadística hay familias enteras. Personas que, ante la falta de oportunidades y la asfixia del mercado laboral, asumen la dependencia estatal como única vía para llenar la nevera. No hay libertad real donde la supervivencia de un hogar queda atada al cheque que ingresa la Administración a final de mes.
El orgullo del subsidio
La respuesta de los despachos políticos ante la falta de trabajo es pedir más dinero público. La directora general de Servicios Sociales reclama triplicar las transferencias estatales y exige pasar de los 30 millones actuales a una inyección de 100 millones de euros. El plan de las instituciones no pasa por generar riqueza que permita a las familias ser autónomas, sino por consolidar un sistema de rentas que perpetúa la subordinación del ciudadano.
Un canario sin recursos percibe hoy 733 euros mensuales. La cuantía sube, los beneficiarios crecen y lideramos el ranking nacional: el 11,3% de la población vive de estas rentas mínimas. Un récord que regiones como Madrid evitan eliminando trabas a la contratación, pero que en el Archipiélago se vende como un hito de gestión solidaria.
La condena de la Agenda 2030
El corsé de la Agenda 2030 impone ahora al Gobierno autonómico el mandato de borrar a 260.000 personas de las listas de riesgo en apenas cuatro años. Una misión imposible a base de decreto, sobre todo si la receta consiste en asfixiar al contribuyente para engordar las arcas de los servicios sociales.
Fiar el rescate de las familias al intervencionismo condena a Canarias a una economía cautiva. La verdadera política social no consiste en encadenar al ciudadano a una ayuda perpetua, sino en limpiar el terreno para que las empresas contraten y nadie necesite pedir auxilio al Estado. Cuando la mitad de la población requiere el salvavidas institucional para no hundirse, el problema no es la falta de gasto, es el colapso del modelo económico.