Drago Canarias exige prohibir la venta de casas a extranjeros

El nacionalismo canario vuelve a poner la propiedad privada y la inversión en la diana. La formación Drago Canarias ha presentado un análisis sobre el mercado inmobiliario del Archipiélago con una conclusión clara para su hoja de ruta: restringir a los extranjeros la compra de vivienda en las Islas.

El inversor como enemigo

Apoyándose en datos de operaciones cerradas entre 2007 y 2025, el partido señala que el 36% de los inmuebles vendidos fueron adquiridos por foráneos y un 16% por personas jurídicas. Sin embargo, donde las cifras muestran dinamismo tras largos años de crisis, la formación dibuja una amenaza.

Su portavoz, Carmen Peña, avanza que irán "hasta el final" para imponer una ley de residencia. El objetivo de fondo de esta medida no es otro que dictar a quién puede vender su casa un ciudadano de las Islas, quebrando la libertad de mercado.

Negacionismo inmobiliario

El diagnóstico de Drago ignora los fundamentos de la economía. Peña llegó a tildar de "poca vergüenza" a quienes señalan la necesidad de aumentar la oferta para frenar la escalada de precios. Un negacionismo de las leyes económicas y su funcionamiento.

Para la formación, el problema habitacional en Canarias no reside en la falta de construcción, la parálisis del suelo o la maraña burocrática que ahoga a los promotores. El único culpable oficial es el comprador internacional que, paradójicamente, sostuvo al sector en sus peores ciclos.

Un pulso legal a Europa

La estrategia pasa por asfixiar la demanda. La propia portavoz reconoce que la prohibición choca de frente con el marco jurídico estatal y europeo, pero asegura que buscarán "el encaje legal que haga falta". Todo un eufemismo técnico para intentar sortear la seguridad jurídica comunitaria y el derecho a la libre circulación de capitales.

Restringir la demanda extranjera depreciaría de un plumazo el valor del patrimonio de miles de familias canarias, que verían drásticamente limitadas sus opciones de venta por una imposición política. Las leyes, amenaza Peña, "están para cambiarlas". La economía, sin embargo, rara vez perdona los experimentos.