El primer capítulo dejó a Patricia Hernández cobrando 5.700 euros netos al mes por firmar actas y recordó que Fernando Clavijo la puso en la calle el 23 de diciembre de 2016, dos días antes de Nochebuena, con una moción de censura fantasma flotando por los pasillos. Toca contar cómo se gana una expulsión así. Requiere método, constancia y una idea muy particular de lo que significa ser vicepresidenta de un Gobierno. Ella tenía las tres cosas.
Las elecciones de mayo de 2015 dieron dieciocho escaños a Coalición Canaria y quince al PSOE, y del pacto salió Hernández como vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Su primera decisión de gobierno fue inmobiliaria, pero no para crear vivienda pública, sino para utilizarla ella. Y la mejor vivienda pública de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Ella vivía en Santa Cruz, a unos cinco minutos en coche del edificio de Presidencia, en un piso perfectamente habitable y con un salario que quintuplicaba el de sus vecinos, y consideró que aquello quedaba lejos. Pidió instalarse en la residencia oficial que la Comunidad Autónoma reservaba al presidente del Gobierno. En cuarenta años de autonomía ninguna vicepresidencia había ocupado esa vivienda ni ninguna otra de manera permanente, y desde luego ninguna que tuviera su cama a un paseo de la oficina.
La mujer de barrio descubrió que el barrio se lleva mejor con mayordomo, cocina y servicio pagados por todos los canarios, incluidos los de Ofra.
Llegó con quien entonces era su pareja y con un dálmata. El perro fue, con diferencia, el miembro de la familia que dejó una huella más profunda en la institución. El personal de limpieza y mantenimiento que sigue en el edificio lo recuerda con precisión por el tamaño de las heces que repartía por cualquier esquina, zonas nobles incluidas, y por la frecuencia con la que el personal de limpieza tenía que recogerlas durante los actos oficiales. Las quejas escalaron hasta el despacho del presidente, que descubrió así que gobernar Canarias incluía mediar entre sus funcionarios y el perro de su vicepresidenta.
Y llegó el carnaval de 2016. Santa Cruz tiene la costumbre de que en esas fechas cada cual monte la fiesta donde puede, en un garaje, en una azotea, en un local alquilado a medias con los amigos. Patricia Hernández disponía de algo mejor.
Disponía de la residencia oficial de la Presidencia, con su servicio, su cocina, su seguridad en la puerta y su dirección en el edificio más protegido de la ciudad, y decidió que aquel era el sitio. Quienes trabajaban entonces en Presidencia lo cuentan sin necesidad de que se les insista. Fiestas privadas noche tras noche en plena semana grande, con amigos entrando y saliendo por la puerta por la que entran los consejeros, alcohol en las estancias donde se recibe a las delegaciones, música hasta las horas que el carnaval manda, y al día siguiente el mismo personal que había recogido los 'premios' del dálmata recogiendo los de los invitados. La sede del Gobierno de Canarias funcionó durante aquellos días como el mejor local de ocio de Santa Cruz, con la ventaja añadida sobre cualquier otro de que nadie pagaba la entrada y de que la factura corría a cargo del presupuesto autonómico.
Conviene detenerse un momento en la escena, porque explica al personaje mejor que cualquier votación. La misma persona que se presenta como mujer de barrio, que habla de Ofra como si nunca hubiera salido de allí y que acusa a los demás de vivir de espaldas a la gente, tenía a su disposición un piso a cuatro calles y prefirió el palacio para celebrar el carnaval con la seguridad del Estado vigilando la puerta.
Los funcionarios lo veían cada mañana. El presidente lo supo por ellos. Ninguna de las dos cosas la frenó. Un cargo público con una mínima noción de lo que representa habría entendido que la residencia de la Presidencia se cuida como se cuida una institución. Ella la usó como se usa un chalé prestado, con la seguridad de quien sabe que nadie le va a pedir explicaciones.
Hasta aquí las costumbres domésticas. Lo de fuera del dormitorio fue peor, aunque no lo crean. En 2016, el Gobierno empezó a diseñar el Fondo de Desarrollo de Canarias, el Fdcan, 160 millones de euros al año que había que repartir entre islas y municipios. Coalición Canaria trabajaba con un esquema orientativo del 75% para infraestructuras, un 20% para empleo y políticas sociales y un 5% para I+D+i. Hernández no lo veía claro. Según quienes se sentaban en aquellos Consejos de Gobierno, tampoco tenía del todo claro qué era el fondo, lo cual no le impidió tener una opinión firmísima en contra. Imaginen el reto que esto supondría para alguien que no sabe qué es el PIB.
Su manera de expresarla fue de una elegancia parlamentaria notable. Se levantaba de la mesa con sus consejeros y se marchaba antes de votar, sin argumento, sin posición y sin despedirse. Lo hizo más de una vez. El propio Clavijo lo diría en público el día del cese, cuando explicó que los socialistas se habían ausentado en dos ocasiones del Consejo de Gobierno sin dar motivos coherentes.
El Gobierno de Coalición tuvo que encargar a un despacho externo un informe para explicar a su propia vicepresidenta por qué existía el fondo que ella misma iba a gestionar en parte. Los que asistieron a la reunión en la que le explicaban el contenido del informe todavía recuerdan esa escena. La que no sabía lo que era el PIB tratando de comprender la importancia del Fdcan. Fue en esas situaciones en las que un desconocido Antonio Olivera comenzó a hacerse un hueco en el PSOE. Era el que le traducía a Patricia Hernández todo aquello que llevase más de dos siglas juntas.
Con el informe sobre la mesa se cerró el acuerdo sobre el Fdcan, y entonces Hernández mostró sus cartas. Pidió al presidente que fuera ella, personalmente y con su criterio, quien decidiera cuánto dinero recibía cada ayuntamiento y a qué ayuntamientos se les repartían los fondos. La chequera de 160 millones en el bolso de la candidata a todo. El resto del Gobierno dijo que no. El reparto iría por los cabildos, y por una razón que cualquier alcalde entiende en diez segundos. Cada cabildo aportaría lo mismo que el Gobierno, con lo que los municipios recibirían el doble. Más dinero para los pueblos y menos poder para Patricia. Lo segundo pesó más.
Lo que vino después está en el Diario de Sesiones, para quien quiera comprobarlo. El acuerdo debía refrendarse en el Parlamento dentro de los presupuestos de 2017, y el grupo socialista rompió la disciplina de voto y apoyó las enmiendas que vaciaban de contenido el Fdcan. El portavoz nacionalista José Miguel Ruano ya había avisado al Gobierno de que venía el golpe. En el propio PSOE se lo advirtió Aarón Afonso, consejero de Presidencia y compañero suyo de Consejo, con un argumento sencillo. Tumbar aquellos 160 millones castigaba a decenas de municipios, muchos de ellos con alcalde socialista. Ella siguió adelante. Los alcaldes de su partido descubrieron entonces lo que Santa Cruz aprendería años después, que con Patricia Hernández el 'cuanto peor, mejor' funciona incluso contra los suyos.
Clavijo tenía un acuerdo estatal con el PP de Mariano Rajoy y lo usó. Los populares apoyaron los presupuestos de 2017 en el Parlamento y los 160 millones se salvaron sin el PSOE. A Patricia Hernández aquello le supo a humillación y reaccionó con la coherencia que la caracteriza. Según las versiones que circularon entonces dentro del Partido Socialista y en algunas voces interesadas, obtuvo el visto bueno de Susana Díaz, la aspirante con más fuerza a liderar el partido en aquel momento, para tantear al mismo Rajoy y armar una moción de censura que la hiciera presidenta con el apoyo del PP. La defensora de la clase obrera negociando con la derecha para gobernar contra su socio. El plan duró lo que tardó Rajoy en enterarse. En una reunión celebrada en el edificio de Presidencia, el presidente del Gobierno de España negó de plano cualquier contacto con Díaz sobre una moción en Canarias. Clavijo trasladó a Hernández su malestar. Ella lo recibió como recibe las cosas que no le gustan.
Desde ese día el trato se convirtió en una sucesión de desplantes. Dejó de acudir a los despachos con el presidente, o llegaba tarde con la excusa del tráfico en Santa Cruz, una ciudad en la que vivía a cuatro calles, o con la del avión, que sufría retrasos con una puntualidad admirable. Así durante meses, hasta que en un Consejo de Gobierno hizo ademán de repetir el número de levantarse con sus consejeros y salir sin votar. Clavijo la paró. Según recuerdan los presentes, le dijo que si no quería asistir, no asistiera, y que si no quería votar, no votara, pero que venir a un Consejo para marcharse a mitad era una falta de respeto a los compañeros de Gobierno, fueran de las siglas que fueran, y una crisis fabricada a propósito para romper el pacto. Le dijo que si se levantaba, la cesaba. Se levantó. Es probablemente la única promesa de su carrera que un presidente le ha cumplido en el acto. Los cuatro consejeros socialistas, Hernández, Afonso, Ornella Chacón y Jesús Morera, quedaron cesados de inmediato. Ella salió llamando insularista a Clavijo y acusándolo de desvertebrar el empleo. Él dijo que la paciencia no es infinita. Dieciocho meses le había durado.
Quien siga los plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz reconocerá cada gesto. El trato al funcionario lo describen igual en el Consistorio y en Presidencia. No saludaba, no miraba, no daba las gracias, y sometía al personal a exigencias que los propios empleados comparaban, sin mucha exageración, con las de una estrella de la música en gira. Una escena la cuentan todavía los que siguen allí. Su pareja de entonces se presentó un día en la puerta de Presidencia en chanclas y camiseta de tirantes, con el aspecto de quien viene a arreglar la nevera con un mate argentino en la mano. El responsable de seguridad no lo reconoció, pensó que era alguien con otras intenciones y lo retuvo unos instantes. El malentendido se deshizo en minutos. La reacción de la vicepresidenta, según ese mismo relato, fue un ataque de ira que terminó en una llamada al general de la Guardia Civil para pedir la cabeza de un agente cuyo único delito había sido hacer su trabajo con un desconocido en chanclas. Días después aquel responsable de seguridad ya no estaba en el edificio.
Dieciocho meses de vicepresidencia. Un palacio, un perro, algunas heces, unas fiestas, un fondo de 160 millones bloqueado por capricho, una moción con la derecha desmentida por la propia derecha y un escolta cesado. De gestión, nada que se haya encontrado.
El siguiente capítulo contará cómo, unos años después, volvió a entrar en un despacho de mando por la puerta de atrás, con los votos de dos concejales de Ciudadanos a los que su partido expulsó el mismo día de la investidura. Siempre vuelve. Es lo único que nunca ha fallado.