Comprar una casa en las Islas representaba el gran proyecto vital para las familias canarias. Hoy se ha transformado en un intrincado campo de batalla administrativo. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha fijado su principal meta para el cierre de legislatura. Su plan consiste en limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros cuando el inmueble no se destine a residencia habitual.
La estrategia gubernamental para aliviar la emergencia habitacional se centra en penalizar la demanda y señalar al capital foráneo, en lugar de flexibilizar la normativa vigente para fomentar la construcción y generar nueva oferta disponible.
La vía fiscal en los municipios
El Ejecutivo trabaja en dos frentes simultáneos. En el ámbito estatal, la propuesta autonómica exige modificar la Ley de Haciendas Locales. El diseño del mecanismo es directo. Si un inversor extracomunitario adquiere una propiedad y no reside en ella ni la destina al arrendamiento de larga duración, se enfrentará a duras penalizaciones fiscales.
Esta reforma otorga una herramienta coercitiva a los Ayuntamientos. Los Consistorios tendrán vía libre para imponer restricciones de uso en las áreas catalogadas como tensionadas y disparar el IBI a los inmuebles que permanezcan vacíos. El propósito oficial es forzar la salida de estas casas al mercado residencial. En la práctica, la medida supone un incremento de la presión impositiva sobre la propiedad privada para intentar parchear la falta crónica de desarrollo urbanístico y planificación territorial.
El choque con el mercado común
El verdadero desafío normativo de esta empresa reside en Europa. El principio de libre tránsito de capitales y personas choca de frente con las barreras de entrada que pretende instaurar el Gobierno canario. Para sortear este pilar fundamental de la Unión Europea, el equipo de Clavijo ultima informes jurídicos que justifiquen la excepcionalidad de las Islas y permitan vetar las compras también a los ciudadanos comunitarios.
El líder autonómico defenderá esta postura el próximo mes de noviembre. Su agenda incluye una cumbre con Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Cohesión y Reformas. El presidente canario asume la tradicional lentitud burocrática de Bruselas, pero fía su éxito a dejar el armazón restrictivo encaminado antes de que acabe su mandato.
El nuevo paraguas legal de Bruselas
La ofensiva intervencionista canaria encuentra un clima favorable en las altas esferas europeas. La reciente propuesta de Ley de Vivienda Asequible, impulsada por la vicepresidenta Teresa Ribera, ofrece cobertura jurídica para que los Estados intervengan en los mercados sometidos a gran presión. Este nuevo reglamento ampara la posibilidad de prohibir la adquisición de segundas residencias si las restricciones se justifican de forma proporcional.
La Consejería de Vivienda percibe este giro continental como un espaldarazo. Desde la declaración de emergencia habitacional en febrero, el Gobierno autonómico considera todo el territorio insular como zona tensionada. Sin embargo, fiar la solución del problema a restringir el perfil del comprador y elevar los impuestos, mientras se mantienen intactas las trabas burocráticas que asfixian la creación de nuevas viviendas, amenaza con perpetuar un mercado encarecido y completamente paralizado.