El Gobierno ha dicho, hace unos días, que el salario mínimo interprofesional (SMI) volverá a subir en 2027 teniendo en cuenta la inflación. Como la subida de los precios es ya de un 4,3% en el conjunto del año, esto podría suponer una subida de más de cincuenta euros en cada una de las catorce pagas.
Una y otra vez se repite por parte de muchos políticos que el salario mínimo es bajo y que hay que subirlo, como Yolanda Díaz no deja de decir, así como Sánchez y sus socios de Gobierno. Eso llevó a que el Gobierno lo subiera de nuevo, sin el consenso de la patronal, un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros en catorce pagas, que es algo que desincentiva la actividad económica, incentiva la economía sumergida, provoca destrucción de puestos de trabajo o, al menos, no creación de los mismos y expulsa del mercado de trabajo a los profesionales más valiosos, ya que la necesaria contención de costes de las empresas en esos segmentos profesionales más cualificados, para poder absorber el incremento obligatorio del salario mínimo y de sus costes inherentes, hace que los mejor formados se vayan, de manera que se descapitaliza la economía española y cada vez vira más hacia actividades de menor valor añadido.
Por eso, hay que analizar bien las consecuencias de subir exponencialmente el salario mínimo, porque perjudica, claramente, a los menos favorecidos, de manera que hay que tratar de no caer en esa trampa tendida por el intervencionismo.
Veamos los datos. El SMI se ha incrementado de manera mucho más importante que el IPC tanto de manera interanual–con la excepción de 2021 y 2022– como en el acumulado 2018-2025 y en el acumulado 2018-2023, año en el que llegó a 1.080 euros mensuales en catorce pagas), situándose en 1.221 euros mensuales para 2026, desde los 1.183,9 para 2025, como antes hemos comentado. De incrementarse para 2027 en el 4,3% actual de la inflación en el cómputo del año–obviamente, todavía quedan unos meses para conocer la cifra de inflación anual–, ese salario llegaría a 1.273 euros.
Por tanto, realmente no hay que compensar una pérdida de poder adquisitivo, porque ya viene más que compensada por la evolución del período. Es más, se ha producido una ganancia de poder adquisitivo. Entre 2018 y 2026, el SMI ha crecido 39,56 puntos porcentuales más que el IPC.
En cuanto al salario medio, sí que ha crecido menos interanualmente que el IPC, salvo en 2019 y 2020 (en este último, cayó menos que el IPC). Ha crecido 7,3 puntos menos que el IPC entre 2018 y 2026.
Por tanto, el SMI no hay que incrementarlo para acortar distancias con la subida de la inflación, porque ha crecido mucho más que el IPC. El salario medio no puede incrementarse por ley, porque sería intervenir el mercado. Esta caída muestra que se empobrece la economía española al aplicar un igualitarismo por abajo: el SMI se está convirtiendo ya en el más frecuente (modal), lo cual quiere decir que la economía española no despega.
En cualquier caso, y aunque el SMI hubiese crecido menos, no debería incrementarse más por las siguientes razones. Se incrementarían costes de las empresas y de los autónomos, al aumentar la base mínima de cotización y los costes laborales. Eso podría empujar al incremento del desempleo y de la economía sumergida (que haría descender la recaudación tributaria y de cotizaciones a la Seguridad Social).
Adicionalmente, se generaría unos peligrosos efectos de segunda ronda, con una espiral precios-salarios (las empresas repercutirían los costes en precios; los trabajadores volverían a exigir más subidas salariales; volvería a repercutirse en precios; volverían a reclamarse más salarios, y así, sucesivamente).
En una espiral precios-salarios, siempre terminan creciendo más los precios que los salarios, con lo que sería una medida perjudicial y no sólo no mejoraría el poder adquisitivo de los ciudadanos, sino que lo empeoraría más, en medio de una economía inflacionista.
Por tanto, además de que el salario mínimo no ha perdido poder adquisitivo, su incremento desmedido, con este otro 4,3% adicional para 2027 si se estableciese la inflación en el punto actual, llevaría el incremento del salario mínimo desde 2018 a un 73,20%, que es una trampa en la que no hay que caer, pues sólo aumentará los costes de las empresas, disminuirá, por ello, la actividad económica y muchos trabajadores perderán su puesto de trabajo, con consecuencias nocivas para el conjunto de la economía, al tiempo que los mejores se marcharán y la economía española se descapitalizará.
Por eso, las subidas en los salarios deben ir ligadas a mejoras en la productividad; si no, sólo generarán inflación y perderán más poder adquisitivo. Si esto sucede, cada empresario va a tener que soportar un coste de más de 700 euros más al año en 2027 por cada trabajador afectado por la subida del salario mínimo, que se une a los incrementos desde 2018, que suponen más de 500 euros más al mes respecto a 2018, que ascienden a 7.519,4 euros anuales más que en 2018; esto hará que muchas empresas, sobre todo las pequeñas y los autónomos con asalariados, no puedan costearlo, produciéndose despidos, cierre de empresas o economía sumergida.
No es que una empresa no sea solvente por no poder pagar a su trabajador 52 euros más al mes, como ya dijo en el pasado el Gobierno, sino que, en primer lugar, son muchos trabajadores; en segundo lugar, son muchos gastos, con unos impuestos confiscatorios crecientes; en tercer lugar, son más de 500 euros adicionales al mes desde 2018, con el añadido del efecto en el coste de las cotizaciones sociales.