La inflación no da tregua en España. El Índice de Precios de Consumo (IPC) situó su tasa interanual el pasado mes de agosto en la friolera del 4,3%. Este nivel supera en siete décimas la tasa registrada en julio, tal y como publicó el INE la semana pasada a través de su indicador adelantado.
A pesar del optimismo exacerbado del Gobierno en materia económica, desde febrero del año 2023 no se registraba una subida de precios tan elevada. Entonces, el IPC subió un 6,1%. Además, hay que tener en cuenta que los estragos que causa la inflación se acumulan en el tiempo, por lo que desde el año 2021 (cuando se desató la tormenta inflacionista) la erosión del IPC sobre el bolsillo de los ciudadanos ronda el 24%, según los datos oficiales.
Si comparamos la subida de precios de España con el resto de Europa, nuestro país tampoco sale bien parado. Y es que, según los datos que publicó Eurostat el pasado martes, solo Bélgica (4,2%), Bulgaria (5,1%), Chipre (5,2%) y Lituania (5,8%) superan a España en esta escalada. La media europea es del 3,3%.
Las otras facturas invisibles de la inflación
Sin embargo, aunque la escalada de la inflación es fácilmente observable a la hora de hacer la compra o de llenar el depósito de gasolina, en España existen otras facturas invisibles que causa este fenómeno inflacionario.
Una de ellas la avanzaba ayer el número dos de Yolanda Díaz, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa tras la publicación de los datos del paro de agosto. Y atañe directamente a los empresarios que pagan el SMI.
"Es en el marco de esa negociación para 2027 donde habrá ya que también tener en cuenta qué ha pasado estos últimos meses con la inflación y creo que también es imprescindible seguramente que el Gobierno lleve a cabo, como viene haciendo desde prácticamente siempre que el problema del repunte de los precios ha impactado en la vida de los ciudadanos, pues tomando medidas que eviten cualquier tipo de empobrecimiento, tanto energético como salarial", señaló Pérez Rey. Así, el secretario de Estado de Trabajo está anticipando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá el IPC como referencia para obligar a los empresarios a incrementar el SMI al año que viene.
Aunque no está establecido por ley que la subida del SMI en 2027 tenga que equivaler a la de la subida del IPC medio de este año (la negocia el Gobierno con los agentes sociales), una partida que sí se incrementaría exactamente teniendo en cuenta este cálculo es la de la actualización de las pensiones.
Pensiones, sueldos públicos y Hacienda
Fue en el año 2023, cuando el Ejecutivo estableció una revalorización récord de las pensiones del 8,5% por la espiral inflacionista que azotaba España. Desde entonces, las subidas de la nóminas de los jubilados han sido del 3,8%, del 2,8% y del 2,7%, respectivamente, en los años 2024, 2025 y 2026. Pero este año la cifra podría volver a incrementarse elevando la factura multimillonaria para la Seguridad Social, en un sistema que ya arrastra un déficit estructural y una deuda creciente.
Otra cuenta que elevará el gasto del Estado debido a la inflación es la de las nóminas de los empleados públicos. Sus retribuciones se actualizan mediante los acuerdos salariales alcanzados entre el Gobierno y los sindicatos, pero también se indexan al IPC. Por tanto, una inflación persistentemente elevada acaba presionando al alza la masa salarial de las Administraciones Públicas. En este caso, el Gobierno estableció en 2026 una cláusula de revisión del salario si el IPC de 2026 superase el 1,5%, que todo apunta a que así será. Esto implica que el salario de todo 2026 se verá incrementado en un 0,5% adicional, que será cobrado con efectos retroactivos en las nóminas del primer trimestre de 2027.
Así, las subidas del IPC generan un círculo vicioso en el sector privado, que no solo ve mermado su poder adquisitivo por el incremento de los precios, sino que se ve obligado a incrementar su contribución al sistema (o a asumir el aumento de la deuda pública) para cubrir las actualizaciones de las diferentes partidas de gasto.
Mientras tanto, la ganadora indiscutible de esta espiral inflacionista es Hacienda, que ve aumentados sus ingresos tributarios cuando suben los precios a través de impuestos como el IVA o a través del IRPF por la negativa del Gobierno a deflactar la tarifa.