La 'guerra de los pastos' ha estallado en Castilla y León tras los grandes incendios del verano de 2025 que afectaron a más de 138.000 hectáreas de León, Zamora, Salamanca y Palencia, principalmente. La Junta de Alfonso Fernández Mañueco ha decidido permitir el pastoreo y la caza en los montes afectados. Los ganaderos aplauden la decisión, que consideran imprescindible para la supervivencia de los animales. Las asociaciones medioambientales la han recurrido –de momento sólo por vía administrativa– porque afirman que pone en riesgo la recuperación del monte. El conflicto está servido.
El origen del conflicto: la ley de montes
La polémica gira en torno al artículo 92 de la Ley de Montes de Castilla y León, que establece que, tras un incendio forestal, se suspende automáticamente durante cinco años el aprovechamiento ganadero y cinegético en los terrenos afectados para facilitar la regeneración de la cubierta vegetal.
Sin embargo, la propia norma contempla excepciones si la administración acredita que esos usos son compatibles con la recuperación del monte. Amparándose en esa posibilidad, la Junta decidió levantar parcialmente el acotamiento en varias zonas afectadas por los grandes incendios del pasado verano.
De esta forma, los permisos para pastar y cazar ya se han aplicado en provincias como León, Salamanca y Zamora, aunque la medida se está evaluando caso por caso en otras zonas afectadas por los incendios de 2025, como Ávila o Palencia, en función del estado del terreno y de los informes técnicos de Medio Ambiente.
Desde la Junta se defiende que la reapertura es compatible con la regeneración natural del monte y que, en algunos casos, incluso puede ayudar a controlar poblaciones de fauna salvaje que dañan cultivos y pastos.
Ecologistas y animalistas, en contra
Las asociaciones ecologistas no están de acuerdo con el Ejecutivo autonómico y varias —entre ellas Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica— han presentado recursos de alzada contra las resoluciones de la Junta.
En su opinión, permitir actividades como el pastoreo o la caza apenas meses después de los incendios puede afectar a la regeneración de la flora, a la recuperación de la fauna y a la estabilidad del suelo.
Además, el partido animalista Pacma también ha recurrido la reapertura de la actividad cinegética al considerar que la resolución de la Junta no tiene una justificación técnica suficiente y no evalúa adecuadamente el impacto sobre la fauna silvestre que aún se está recuperando del fuego.
Los colectivos ecologistas advierten de que, si sus recursos administrativos no prosperan, no descartan acudir a los tribunales.
Los ganaderos, en defensa de la Junta
La organización agraria Asaja no ha tardado en apoyar la decisión de la Junta y en arremeter contra los que se oponen y han presentado recursos: "Lo han hecho por interés político, sin pensar en el medio ambiente ni en los intereses de quienes viven en los pueblos y están comprometidos con el desarrollo rural".
Según Asaja, "son los mismos que se oponen a actuaciones de limpieza en los montes, lo que deteriora el entorno y multiplica el combustible que agrava los incendios del verano, y los mismos que no están cuando hay que colaborar en labores de extinción, como sí lo hacen los agricultores y ganaderos a los que ahora tratan de perjudicar".
Por otra parte, argumenta Asaja, la norma se creó originalmente para penalizar los incendios intencionados, "pero los incendios forestales, con carácter general, no los provocan los ganaderos, y menos los ocurridos el pasado verano, por lo que deja de tener sentido un acotamiento genérico de cinco años". Además, añaden, "este otoño e invierno se han dado condiciones meteorológicas favorables para la regeneración de los pastos, algo que ha influido en la decisión de la Junta".