La Generalidad de Cataluña gasta más de cuatro mil euros al mes por cada menor extranjero no acompañado bajo su amparo o tutela. Deben ser los niños y adolescentes más caros de la historia. Con cuatro mil euros al mes estas criaturas deberían tener los mejores profesores, la mejor alimentación, la vestimenta más cara, los caprichos más exagerados y la atención más exquisita, así como vivir en auténticas mansiones.
Cuatro mil euros dan para eso y más, pero la mayor parte de ese dinero es succionada por un sistema de acogida y atención cuya supuesta lógica burocrática oculta un entramado clientelar dedicado al desvío masivo de fondos públicos. Cuando un niño marroquí solo llega a Ceuta tiritando mucha gente se frota las manos en Cataluña. Y seguramente en el resto de España. Pero en el caso catalán existe abundante documentación al respecto.
Ese niño calado hasta los huesos representa cuatro mil euros al mes en la facturación de beneméritas fundaciones relacionadas con ERC dedicadas al noble desempeño de atender a los desamparados y entiéndase la ironía. Rugen las cajas registradoras cada vez que un niño perdido del sultán de Marruecos es trasladado a Cataluña. Eso sí que es llegar con un pan bajo el brazo. Cuatro mil pavos mensuales multiplicados por los tres mil menores extranjeros no acompañados que según el diputado de ERC Joan Ignasi Elena hay en Cataluña. Dadas las circunstancias es normal que la Generalidad ya se haya mostrado dispuesta a hacerse cargo del cupo de menores que le toque tras la invasión de Ceuta. Las buenas gentes de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) o como se llame ahora están de enhorabuena. Llegan nuevos clientes. Dinero para la saca.
Atenderlos malamente es un negocio de una rentabilidad insuperable. No existe ningún control. Hay constancia de plazas fantasma para menas que no existen por los que las fundaciones cobran ese dinero y más. Fundaciones que compran pisos y alquilan esos pisos por precios estratosféricos a la Generalidad, que paga porque no se va a dejar sin cobijo a los muchachos. Es más, fundaciones que son fundaciones e inmobiliarias, cabalgando contradicciones y haciendo caja.
La Fiscalía Anticorrupción investiga el pago de prestaciones indebidas por valor de 167 millones de euros entre 2016 y 2020. Es la punta del iceberg de un sistema corrupto que ha convertido la protección de los menores en un negocio fenomenal. Eso explica también el gatillo fácil de los funcionarios de la Generalidad a la hora de retirar custodias a familias acusadas muchas veces sin pruebas de no atender a sus hijos. Es otra historia, pero también muy interesante. Sobre todo porque esos niños y niñas tienen un elevado riesgo de sufrir abusos sexuales y de todo tipo gracias a la estupenda gestión pública consistente en facturar y mirar para otro lado mientras se presume de solidaridad.