Atendí con mucha atención el discurso de León XIV ante las Cortes españolas. Una intervención con una profunda carga moral y teológica que merece ser leída y releída para asimilar los muchos mensajes trasladados por el Summus Pontifex.
El discurso pontificio aparece envuelto en una reflexión antropológica de singular hondura, que constituye la clave interpretativa de cuanto en él se afirma. El Papa se pregunta por la concepción de la persona humana que inspira las leyes y por el tipo de sociedad que esas leyes construyen.
Evidentemente inspirado en el Aquinate, el Papa ha estructurado su reflexión en tres movimientos que me atrevo a plantear: toda ley encierra una antropología; la dignidad humana como medida de la ley; y, en la línea de la Escuela de Salamanca, la ley construye una civilización.
Resulta pertinente el llamado que ha hecho el Vicario de Cristo para recordar que la ley es una obra de la razón antes que una manifestación de la voluntad. Pero la razón no puede ordenar la convivencia sin saber previamente qué es el hombre. De ahí que toda legislación presuponga, necesariamente, una antropología. Santo Tomás de Aquino enseña que, si el hombre es una criatura racional creada a imagen de Dios, dotada de una naturaleza que debe realizarse moralmente, la ley tendrá como misión proteger los bienes inherentes a esa naturaleza. Esta convicción explica la mención específica de León XIV a la defensa de la vida humana desde el momento mismo de la concepción hasta su culminación por causas naturales. En palabras suyas, "la defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional; es una meta de la civilización".
La afirmación papal nos conduce a una reflexión fundamental: si el hombre es concebido como una voluntad autónoma que se autodetermina sin referencia a una naturaleza previa, la ley terminará siendo un instrumento destinado a garantizar deseos individuales. En consecuencia, la cuestión no es únicamente qué permiten las leyes, sino qué idea del hombre consideran digna de protección.
León XIV formuló también una idea profundamente tomista, que debería constituir el presupuesto fundamental de toda deliberación legislativa en Occidente: "Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido aprobada. La alcanza cuando además de ser válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse". En estas palabras reaparece la distinción clásica entre legalidad y justicia. Acudamos a la formulación de Santo Tomás que enseña que la ley injusta no parece ser ley, sino más bien una corrupción de la ley.
Con sus palabras, el Papa invita a quienes tienen la responsabilidad de hacer las leyes a recordar que una norma pierde su legitimidad cuando se aparta de la justicia. Un mensaje con destinatarios concretos: los materialistas y los increyentes. La justicia no nace del procedimiento, puesto que exige conformidad con la verdad del hombre. Así, la dignidad humana se convierte en tribunal superior ante el cual comparecen las normas para someterse a un interrogante esencial: ¿la ley que se está discutiendo respeta aquello que el hombre es?
Finalmente, resulta oportuno el recordatorio que hace el santo padre de la herencia intelectual salamantina: la ley construye una civilización. Como advirtieron los padres de Salamanca, la dignidad humana precede al poder. El Estado no concede la humanidad y, sobre ese presupuesto, el padre Francisco de Vitoria construyó buena parte del entramado doctrinal que permitió defender los derechos de los indígenas americanos. La lección permanece vigente: las leyes terminan formando el alma moral de un pueblo.
Ojalá una parte significativa de los diputados que oyeron a León XIV haya comprendido la profundidad de su mensaje. Cabe temer, sin embargo, que algunos, empezando por Pedro Sánchez, estuvieran más ocupados en administrar la crisis provocada por la corrupción que asedia al Gobierno que en atender una reflexión sobre la dignidad humana, la justicia y el bien común.