El Gobierno ha frenado el intento de Indra de incorporar a su consejo de administración a una consejera independiente que podría ser considerada como próxima al Partido Popular. La decisión partió de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, que es la máxima accionista de la compañía, según fuentes a las que ha tenido acceso Vozpópuli.
La operación pretendía reforzar los lazos de la empresa con el principal partido de la oposición. Algunos directivos de Indra, como los hermanos Escribano y el presidente José Vicente de los Mozos, habían explorado la posibilidad de un nombramiento con ese perfil político. Sin embargo, la maniobra fue vetada por el Palacio de la Moncloa, que impuso su criterio en la designación de los nuevos consejeros.
Finalmente, la SEPI ha promovido a dos consejeras independientes sin vinculación partidista: Mónica Espinosa, economista con experiencia en Endesa, Amper y Caser; y Aranca Díaz-Lladó, que trabajó en Telefónica y está especializada en sostenibilidad y estrategia empresarial. Ambas serán sometidas a ratificación en la junta extraordinaria de accionistas prevista para el 27 de noviembre.
La decisión confirma la voluntad del Ejecutivo de mantener un control firme sobre Indra, una de las compañías consideradas estratégicas para el Estado. En el último año, se ha convertido en la empresa clave del sector de la Defensa, como ha quedado claro en la designación que se ha hecho en los dos últimos meses de las empresas llamadas a liderar los Programas Especiales de Modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas.
Con esta maniobra, el Ejecutivo frena cualquier intento de acercamiento entre Indra y el Partido Popular, y envía una señal al mercado sobre su voluntad de controlar los nombramientos en empresas estratégicas. La compañía tecnológica, clave en el desarrollo de sistemas de defensa y proyectos digitales, seguirá bajo la atenta supervisión de Pedro Sánchez.