El veto a la tecnología militar procedente de Israel por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado que algunos Programas Especiales de Modernización (PEM), claves para la futura modernización de las Fuerzas Armadas, no estén evolucionando con la rapidez precisa y estén empezando a acumular retrasos. Un hecho que se ha acelerado desde que se empezaron a anular contratos a gran escala y de forma oficial a principios de septiembre.
El primer contrato anulado fue el pasado mes de abril y afectó a la Guardia Civil. Poco después, en el mes de mayo, una de las empresas involucradas en el Sistema Conjunto de Radio Táctica (SCRT) denunció que el programa llevaba más de un año en el limbo por depender de tecnología israelí. Finalmente ha sido relanzado en las últimas semanas tras más de año y medio de parón. Antes del verano se revocó el contrato de los misiles Spike LR2.
El grueso de anulaciones llegó en septiembre. Primero fue la reorientación del SILAM (Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad), después los designadores láser para los cazas Eurofighter y, por último, en bloque, la anulación de 19 contratos de adquisición o mantenimiento, que incluía sistemas como los morteros Cardom 81mm, designadores JTAC, sistemas EOD o las torres mini Samson.
El Gobierno está pendiente de dar luz verde a otro programa que va a verse afectado por el veto a Israel y que se lanza con su configuración inicial en el aire. No es una sorpresa, pues Libertad Digital ya avanzó el pasado mes de junio que se daría esta situación. Se trata del programa destinado a recuperar y mejorar las capacidades de control marítimo tras darse de baja los P3 Orión del Ejército del Aire y el Espacio y la próxima de los CN-235 Vigma.
El programa consiste en encargar a Airbus la fabricación de 16 aeronaves C295W, de los que ocho tendrán una configuración de patrulla marítima (MPA) y otros ocho una configuración de vigilancia marítima (MSA/VIGMA). El montante económico de la operación debería superar por muy poco los 1.750 millones de euros, siempre y cuando no haya desvío económico entre lo proyectado inicialmente y el resultado final.
El problema es que el proyecto inicial tenía previsto que estas aeronaves lleven en sus tripas un radar multimodo ELM-2022A de Elta Systems, que es una filial de Israel Aerospace Industries (IAI). Por tanto, toca buscar un nuevo radar en el mercado internacional que tenga las mismas características técnicas que el que se iba a emplear inicialmente para sustituir al israelí que el Gobierno no quiere emplear ahora.
En este caso no será un gran problema, debido a que no sólo existen radares de este tipo de fabricantes europeos y estadounidenses, sino que algunos ya han sido montados para aviones MPA y MSA desarrollados por Airbus utilizando el C295 como plataforma. El problema vuelve a ser que hasta que el Ministerio de Defensa se decida por el nuevo tipo de radar el programa podrá acumular retrasos.
España no es el único país europeo que decidió vetar el uso de tecnología israelí como castigo por la invasión de Gaza como consecuencia de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, pero la realidad es que una vez iniciado el proceso de paz sí ha habido otros que han anunciado el final del veto. El ejemplo más reciente es el de Alemania, que hace dos semanas anunció que el veto dejaría de estar vigente este mismo lunes.