La Fiscalía Militar ha formalizado su petición de penas, solicitando ocho años de prisión para el capitán y cinco para el teniente responsables de las maniobras en las que fallecieron dos militares. El trágico suceso tuvo lugar el 21 de diciembre de 2023, cuando los efectivos intentaban cruzar un lago en la base de Cerro Muriano (Córdoba), en la provincia de Córdoba.
Según el escrito de calificación, el Ministerio Público considera a ambos oficiales autores de dos delitos contra la eficacia en el servicio, que resultaron en la muerte del soldado Carlos León y del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar.
Sin embargo, el criterio fiscal difiere del de la acusación particular respecto a la cadena de mando. La Fiscalía propone la absolución del comandante y del teniente coronel investigados, una postura que ha sido rechazada por el abogado Luis Romero, representante de la familia del soldado León, quien exige responsabilidades a la cúpula del ejercicio.
El letrado ha anunciado que solicitará la máxima condena para los cuatro militares implicados: nueve años y medio de prisión para cada uno. Romero equipara los delitos contra la eficacia del servicio a dos delitos de homicidio imprudente, discrepando especialmente de la pena solicitada para el teniente, que considera insuficiente.
Asimismo, la acusación particular reclamará la expulsión de las Fuerzas Armadas para todos los encausados y elevará la indemnización a 500.000 euros, frente a los 420.000 euros calculados por el fiscal. De dichas cuantías deberá responder el Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario.
La causa tenía hasta el pasado mes de septiembre un recorrido paralelo en el Tribunal Supremo. Ese mes, la Sala Quinta de lo Militar del TS decretó el archivo definitivo de la misma contra el coronel de la base, después de que la familia de uno de los militares fallecidos no se presentase a declarar en la fecha marcada por el titular, por lo que el Alto Tribunal declaró el recurso que habían presentado como "desierto".