Un grupo de 18 militares españoles que están trabajando como personal civil internacional en la OTAN han presentado esta semana una querella contra la subsecretaria de Estado del Ministerio de Defensa, Adoración Mateos, a la que acusan ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de un delito continuado de prevaricación administrativa y de coacciones, según ha explicado el despacho de abogados Suárez-Valdés en un comunicado.
El conflicto surge por lo que los militares consideran una arbitrariedad sistemática del Ministerio de Defensa en la concesión de los denominados "servicios especiales", una situación laboral que permite cambiar de destino sin perder la condición de militar ni la antigüedad, trienios o ascensos. Muchos de los querellantes habían disfrutado de esta situación, pero al renovar la autorización se encontraron con denegaciones o silencios administrativos que los obligaron a pedir una excedencia.
Pedir la excedencia implica perder antigüedad y condiciones que sí se mantienen en los servicios especiales. Según la Ley de la Carrera Militar, artículo 109.1.k, el pase a servicios especiales debe concederse automáticamente al personal estatutario de la OTAN, acreditado mediante certificado oficial. Todos los querellantes aportaron estos documentos, por lo que, según la ley, explicar desde el bufete, Defensa no necesitaba autorizar ni desautorizar.
Desde 2022, sin embargo, el ministerio habría empezado a exigir autorización previa del Estado para conceder estos pases. Los militares afectados presentaron contenciosos administrativos que han sido ganados de manera reiterada entre 2023 y 2025, y el Consejo de Estado dictaminó en 2024 que el cambio de criterio de Defensa era ilegal. La querella denuncia que, pese a las sentencias y dictámenes, el Ministerio ha continuado negando los servicios especiales de forma sistemática.
Los querellantes sostienen un patrón claro: denegación o silencio administrativo, obligación de pedir excedencia para mantener el puesto en la OTAN, interposición de recurso contencioso-administrativo, fallo judicial favorable y, pese a ello, persistencia de Defensa en mantener su criterio. La querella acusa a Mateos de ignorar deliberadamente estas decisiones judiciales y de coaccionar a los militares, abriendo un enfrentamiento sin precedentes entre personal de la OTAN y el Ministerio de Defensa.