No hay marcha atrás. El Pacte Nacional pel Referéndum ha aprobado este miércoles los términos de un pronunciamiento que elude la cuestión de la unilateralidad y establece la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. La duda es si se celebrará "como muy tarde en septiembre", que es el compromiso del Govern de la Generalidad, o en mayo, plazo que ahora barajan el PDeCAT y ERC a instancias de la CUP. Se insiste, no obstante, en pactar el referéndum con el Estado y se insta al Gobierno a una mesa de negociación para decidir fecha y pregunta. Esta es la oferta del autodenominado "soberanismo" tras un semana en la que el "procesismo" ha experimentado una vertiginosa aceleración.
El separatismo se ha revuelto tras el fiasco de su puesta de largo en Europa (la conferencia en Bruselas del president Carles Puigdemont, el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el minister autonómico de Exteriores Raül Romeva) y las crudas revelaciones del exjuez Santi Vidal sobre la obtención ilegal de datos fiscales de los ciudadanos de Cataluña y los preparativos para la proclamación de la república catalana.
Del desmentido y cese fulminante del padre de la constitución catalana se ha pasado a exhibir músculo golpista. Puigdemont se ha reafirmado en el objetivo de la autodeterminación en una llamada a capítulo del cuerpo consular en Barcelona y Lluís Salvadó, secretario autonómico de Hacienda y mano derecha de Oriol Junqueras, ha informado de que la Generalidad será capaz de recaudar todos los impuestos a partir del 1 de julio merced a un programa informático llamado "Espriu" elaborado por IBM y T-Systems entre otras corporaciones. Todo ello en el mismo día de la reunión del Pacte que según la Generalidad es el espaldarazo cívico a sus planes secesionistas.
La hipótesis de la incomparecencia de Mas
El programa de desconexión del bloque independentista afrontará su primera prueba de fuego el próximo lunes, 6 de febrero, fecha fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para comenzar el juicio contra Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por la organización del referéndum del 9 de noviembre de 2014.
La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y las organizaciones municipalistas, así como la consejería de Gobernación y Administraciones Públicas, cuya titular es Meritxell Borràs, garantizan una manifestación inédita las puertas del juzgado hasta el punto de que el separatismo teoriza con la idea de que a los encausados les sea físicamente imposible sentarse en el banquillo ante la afluencia de independentistas. En el PDeCAT se debate si Mas y las exconsejeras deben comparecer para realizar un mitin político o hacer caso omiso de la citación, como los investigados de la CUP.
El "obstáculo" Colau
La "operación Diálogo" del Gobierno se enfrenta a la determinación de los representantes de las instituciones catalanas, que se reafirman cada día en la rebeldía y dan pasos de manera indisimulada para proclamar la independencia. El único obstáculo aparente es la posición de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que censura a quienes consideran que el pacto con el Estado para una ruptura amigable es imposible y que considera no se debe fijar fecha para el referéndum. En la reunión de este miércoles, Colau ha remarcado que asistía en calidad de oyente y que trasladaría el acta al pleno municipal. La alcaldesa está en plena construcción de un partido separatista que aspira a gobernar en la Generalidad y asumir las riendas de la fractura republicana en un escenario en el que los convergentes serían una fuerza residual.
Carles Puigdemont, por su parte, está dispuesto a quemarse en la pira del referéndum. Artur Mas ya se ha confirmado como relevo a candidato a la presidencia de la Generalidad, aunque el principal beneficiario de la situación es Oriol Junqueras, que ha logrado superar todas las pantallas del proceso sin exponerse a ser encausado y a quien todas las encuestas proclaman próximo president.
Mientras tanto la CUP ejerce su papel de partido llave y condiciona la política catalana con diez diputados en el Parlament y el procedimiento asambleario. Su apoyo a los presupuestos condicionado a la celebración del referéndum ha sido la señal para que el ejecutivo autonómico activara el botón rojo del choque de trenes.