Nueva "quedada" separatista ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Comparecían por segunda vez ante la juez Maria Eugènia Alegret la presidenta de la cámara autonómica, Carme Forcadell, y la secretaria primera de la Mesa del Parlament, Anna Simó. La cita fue a las nueve de la mañana y se observó el tradicional "protocolo".
El gobierno de la Generalidad en pleno, los diputados de Junts pel Sí y alguno de Catalunya Sí que es Pot y los líderes de las entidades, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium, y los municipios por la independencia. Unas doscientas personas jalearon a los políticos frente a la sede judicial. La reiteración de esta ceremonia y el desgaste de la ANC provocan una sensible caída del público que acude a mostrar su apoyo a los investigados por el proceso separatista.
Trámite breve
Forcadell y Simó rechazaron contestar a las preguntas de la juez y el fiscal y sólo respondieron a las de sus defensas, que orientaron el "interrogatorio" para que pudieran hacer una defensa de la inviolabilidad de los diputados y advirtieran a la magistrada de que con la instrucción de las denuncias se está llevando a cabo un "atentado contra la separación de poderes". Dadas las circunstancias y la actitud de las investigadas, el trámite se solventó en dos tandas de veinte minutos.
Son dos la denuncias que pesan sobre Forcadell y los miembros de la Mesa, salvo los correspondientes al PSC y Ciudadanos. La primera, por admitir una votación el pasado verano sobre las conclusiones de la comisión del "proceso constituyente". La segunda, por la sesión del 6 de octubre en la que dieron curso a la aprobación en el pleno de la celebración del referéndum.
Puigdemont, hasta las escaleras
La comitiva política que acompañó a Simó y Forcadell fue tan numerosa como siempre y a diferencia de las anteriores ocasiones, Puigdemont llegó hasta las mismas escaleras del TSJC, una presencia que no se había dado hasta ahora al objeto de preservar el carácter institucional de la presidencia de la Generalidad.
Además de Puigdemont, Junqueras, casi todos los consejeros y el grupo parlamentario de Junts pel Sí, también pugnaron por dejarse ver en la marcha desde el parlamento hasta el juzgado (un cuarto de hora a pie) Artur Mas, el alcalde accidental Gerardo Pisarello, los diputados de ERC en Madrid Gabriel Rufián y Joan Tardà, Lluís Llach y Germà Gordó, entre otros.
Desobediencia activa
La escenificación de Carme Forcadell y Anna Simó concluyó a la una del mediodía con una rueda de prensa en la cámara autonómica. Forcadell aseguró que "le he expresado a la juez que el simple hecho de tener que ir a declarar ya vulnera nuestros derechos y la inviolabilidad parlamentaria de los diputados". "No nos doblegaremos -añadió- a la voluntad censora de quienes quieren limitar el mandato parlamentario". En su alegato, además de insistir en que seguirá desobedeciendo los requerimientos del Constitucional, la presidenta del Parlament apuntó que lo que está en juego es la democracia, la esencia del parlamentarismo y la libertad de expresión de los diputados".
En parecidos términos se expresó Simó, quien afirmó que "nos ampara una garantía, no un derecho. Es la garantía de la inviolabilidad de los diputados. Ningún tribunal impedirá que este parlamento aborde los asuntos que preocupan a los ciudadanos. Seguiremos adelante".
El próximo viernes está previsto que pasen por el TSJC los miembros de la Mesa Lluís Corominas y Ramona Barrufet, también investigados en relación a los posibles delitos de desobediencia y prevaricación. A principios de junio concluirá la ronda con la comparecencia en el juzgado de Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí Que Es Pot.