Señales de humo en el Parlamento catalán. La ley del referéndum presentada y registrada en la cámara a bombo y platillo no consta en el orden del día de la próxima reunión del órgano rector del hemiciclo. Las vacaciones parlamentarias se acaban tras el puente de la Asunción de la Virgen. El referéndum de autodeterminación del 1 de octubre anticipa el regreso de los diputados catalanes. Los deberes de los grupos de Junts pel Sí y la CUP son aprobar la ley del referéndum, presentar la de transitoriedad jurídica, convocar la consulta, celebrar la campaña, votar el 1 de octubre y aplicar el resultado (no hay dudas sobre la victoria del "sí" a la república) de inmediato. Todo ello en mes y medio y con la norma que regula el referéndum en la nevera.
La presidenta de la cámara regional, Carme Forcadell, ha convocado una reunión de la Mesa para el próximo miércoles en cuyo orden del día no consta, por el momento, la admisión a trámite de la ley del referéndum que los grupos separatistas registraron el pasado 31 de julio. El Gobierno, según anunció Mariano Rajoy, está pendiente de la tramitación de la ley para recurrirla ante el Tribunal Constitucional, iniciativa prevista para el momento en el que la Mesa le dé curso.
En principio, tal órgano iba a incluir la cuestión en el orden del día de su primera reunión. La alteración del calendario vacacional, con el adelanto al 16 de agosto del comienzo de las actividades parlamentarias, está encaminada a facilitar la tramitación de una ley que como muy tarde tendría que estar aprobada una semana antes del comienzo de la campaña para el 1-O, cuya fecha límite es el 15 de septiembre.
Opciones
Según el calendario previsto en el Parlament, el primer pleno se celebrará los días 6 y 7 de septiembre y es en esa sesión en la que debería llevarse a cabo la aprobación de la ley. La reciente reforma del reglamento de la cámara, también recurrida ante el Constitucional y suspendida cautelarmente, facultaba a los grupos a modificar el orden de cualquier pleno para colar la proposición de ley, que también podría ser tramitada a instancias del ejecutivo catalán como proyecto. Otra opción es que la Mesa incluya la norma sobre la marcha en su próxima reunión toda vez que Junts pel Sí tiene mayoría en el órgano rector del parlamento catalán. La agenda parlamentaria incluye dos plenos en septiembre, el citado para el 6 y 7, y otro el 20 y 21, ya iniciada la campaña sobre el referéndum.
Ante la ausencia de la ley en el orden del día de la primera reunión de la Mesa, la diputada de la CUP Anna Gabriel ha advertido que la norma debe estar aprobada antes de la celebración del "Onze de Setembre", tanto por razones de índole movilizador como por la inminencia del referéndum, cuyo anuncio oficial debería acarrear la publicación de al menos un decreto firmado por el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont.
La dirigente cupera considera que ni siquiera habría que esperar al pleno de primeros de septiembre, sino que la ley se debería sustanciar a finales de agosto para afrontar la campaña y la votación "con más garantías".
Por encima del TC
Al margen de las cuestiones de detalle, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, avanzó que tanto el gobierno de la Generalidad como el parlamento actuarán al margen de las resoluciones del Tribunal Constitucional, amparándose en la "legalidad internacional" para convocar el referéndum. Y ni siquiera Anna Gabriel duda de la sinceridad de los convergentes tras la purga llevada a cabo por Puigdemont y Junqueras y supervisada por Artur Mas y el órgano extraparlamentario de coordinación entre ERC y el PDeCAT.
En esa tesitura, las formalidades parlamentarias ocupan un segundo plano. El objetivo es entorpecer la labor del Gobierno y del Tribunal Constitucional y agudizar la guerra de nervios con el Gobierno para provocar algún error procedimental que cebe la propaganda sobre el "ilegítimo" y "subordinado" TC.