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La CUP da por terminado el proceso y aboga por la unilateralidad y la desobediencia

La formación antisistema exige a Junts pel Sí que se vote la ley del referéndum antes de la Diada.

(Barcelona)
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La CUP da por terminado el proceso y aboga por la unilateralidad y la desobediencia
La diputada de la CUP Mireia Boya | EFE

Vuelta a la normalidad en la política catalana. Tras las intensas jornadas posteriores a la matanza de las Ramblas y el atentado de Cambrils, sólo la manifestación del próximo sábado descuadra el día a día de Junts pel Sí y la CUP, ariete del referéndum que exige a la coalición de gobierno de convergentes y republicanos que la norma de la consulta se apruebe antes de la Diada del "Onze de Setembre".

En la reunión de la Mesa del "Parlament" de este martes tampoco se ha abordado la admisión a trámite de la citada ley a pesar de que fue registrada el último día hábil de julio, antes del breve periodo vacacional de la cámara catalana en atención a las urgencias procedimentales que planteaba entonces el referéndum previsto para el 1 de octubre.

El retraso, meramente táctico, comienza a provocar nervios en la CUP. Su diputada Mireia Boya, la misma que ha acusado al Rey de ser cómplice del terrorismo y veta su presencia en la manifestación del próximo sábado, ha declarado que la ley debe ser aprobada antes de la Diada "para garantizar el buen funcionamiento del referéndum". A partir de ahí, la CUP avisa de que la Generalidad y el parlamento deben estar dispuestos a pasar de la fase del proceso, que "debe morir", dijo Boya, a la de la unilateralidad y la desobediencia para afrontar la "represión del Estado".

Además, la CUP pretende que el grupo parlamentario de Junts pel Sí presente en sociedad la ley de transitoriedad jurídica en los próximos días y aboga por votarla en plena campaña del referéndum. Las circunstancias conspiran para que la ley del referéndum sea admitida a trámite sobre la marcha y sometida a votación de urgencia en el pleno que la cámara catalana tiene agendado para el 6 y 7 de septiembre. La ley podría ser publicada en el diario oficial de la Generalidad, pero será inmediatamente recurrida por el Gobierno y suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional.

En paralelo, el presidente de la Generalidad deberá firmar el decreto de convocatoria del referéndum. El 15 de septiembre comenzará en teoría la campaña, después de dos manifestaciones que se prevén tan multitudinarias como polémicas, una por los atentados de Barcelona y Cambrils y la otra por la Diada, en quince días. La política española afronta un calendario perverso.

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