El secretario del Ayuntamiento de Barcelona ha dictaminado este jueves que la alcaldesa Ada Colau debe acatar la providencia del Tribunal Constitucional y no debe colaborar en el referéndum del 1-O cediendo colegios electorales porque, de lo contrario, puede tener consecuencias penales.
En un informe de 15 páginas, al que ha tenido acceso Efe, el secretario general del consistorio declina así que el Ayuntamiento pueda acceder a las peticiones de la Generalidad de ceder locales para la celebración del referéndum independentista, suspendido por el Tribunal Constitucional. En las conclusiones, el secretario general subraya que la puesta a disposición de la Generalidad de los locales que se utilizan habitualmente como centros de votación supondría incumplir un mandato "expreso, claro y taxativo" del Tribunal Constitucional, en el que se advierte de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal", en que podrían incurrir todos los poderes públicos en el caso de no atender a su requerimiento.
También recuerda que este mandato del TC es el de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, ningún acuerdo o actuación que permita la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña".
Además, informa de que "el incumplimiento de esta obligación puede comportar la exigencia a las personas infractoras de responsabilidades de todo orden, sea por parte del propio tribunal" o "de carácter administrativo, disciplinario, contable, e incluso penal".
Respecto a las responsabilidades penales, el secretario general del Ayuntamiento cita en su informe el comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado el 7 de septiembre en el que imparte instrucciones para que las fiscalías catalanas investiguen las actuaciones "dirigidas a la organización del referéndum ilegal, al ser indiciariamente constitutivas de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos".
Sin embargo, a pesar del dictamen de los servicios jurídicos municipales, la alcaldesa ha emitido un mensaje en Twitter en el que afirma: "Cumplimos nuestro compromiso: en Barcelona el 1-O se podrá participar sin poner en riesgo la institución ni a servidores públicos". Este anuncio ha sido recibido por Carles Puigdemont como "una buena noticia".
En los últimos días la alcaldesa se había mostrado molesta con la presión nacionalista a los alcaldes renuentes a participar en el referéndum. También trató de restar consistencia a la consulta, a la que niega el carácter vinculante. Sin embargo, anunció su intención de votar en esa jornada. La sustitución del presidente del Consorcio de Educación de Barcelona, Lluís Baulenas, por la consejera de Enseñanza, Clara Ponsatí, desastacó la cesión de locales electorales, toda vez que el Consorcio, participado en un 60% por la Generalidad y en un 40% por el Ayuntamiento, es el responsable de los colegios e institutos públicos de la capital catalana, que ya fueron utilizados como locales electorales en el 9-N de 2014.