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Puigdemont acata el 155 electoral y se atrinchera en Bruselas

Denuncia que a sus exconsejeros les han retirado los guardaespaldas y dice que "volveremos cuando nos garanticen un juicio justo".

(Barcelona)
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El expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont también es un problema belga. Tal vez las reacciones en ese país sobre su huida han desaconsejado que plantee ahora una petición de asilo. Se le reprocha que haya abandonado a los catalanes a su suerte tras proclamar la independencia. No es una actitud muy comprensible, pero el dirigente separatista se ha extendido en la "agresiva" actitud de Gobierno y en la querella del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para justificar un traslado sin fecha de retorno.

"Queremos actuar de manera libre y tranquila. No queremos escapar de nuestras responsabilidades, pero no tenemos garantías jurídicas ni de seguridad", afirmó Puigdemont tras afirmar que "el Gobierno tolera a la extrema derecha". También se refirió al asunto "Más dura será la caída" para intentar justificar su escapada y la de los exconsejeros Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Toni Comín, Dolors Bassa, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, que se ha unido hoy al "gobierno catalán en el exilio".

Fue en el turno de preguntas cuando Puigdemont aludió a los problemas de seguridad que dice sufrir junto a su equipo: "Hemos venido a Bruselas para actuar con más libertad, sin amenazas. Los consejeros no tienen protección. Y mi seguridad ha sido gravemente disminuida en un momento muy delicado".

Niega que vaya a pedir asilo

Preguntado sobre si pedirá asilo, lo negó, dijo que el "conflicto catalán" no era un problema belga y subrayó que la elección de Bruselas se debe a su condición de capital europea. "Somos ciudadanos europeos, podemos transitar libremente. Cuando se garantice un juicio justo volveremos inmediatamente. Pero debemos de continuar trabajando y por eso hemos venido aquí". De haberse cumplido sus propósitos separatistas, ni él ni los habitantes de Cataluña gozarían de tal privilegio al quedar la república fuera de la Unión Europea. Se advirtió por activa y por pasiva, pero Puigdemont, Junqueras y demás dirigentes separatistas lo negaron con vehemencia. Aún lo niegan.

La improvisación guía los pasos de la delegación separatista catalana en Bruselas. El gobierno belga ha negado a Carles Puigdemont y sus acompañantes el uso de las instalaciones del Résidente Palace para su rueda de prensa. Al final, el Brussels Press Club ha acogido la comparecencia del expresidente de la Generalidad. Gran expectación, el habitual retraso y codazos entre los fotógrafos. La cita estaba enmarcada por unas elocuentes declaraciones del viceprimer ministro belga, Kris Peeters: "Cuando llamas a la independencia y la declaras, lo mejor es permanecer junto a tu pueblo. La defensa de Puigdemont es que en España no hay democracia ni separación de poderes. Es la línea de abogado de los etarras contratado por el cabecilla separatista, Paul Bekaert. Aún así, el PDeCAT y ERC se presentarán a las próximas elecciones autonómicas.

Diálogo imposible

En la rueda de prensa, acompañado por el resto de los fugados, Puigdemont afirmó que el pasado viernes por la noche disponía de "datos contrastados sobre la ofensiva altamente agresiva del Estado contra el pueblo de Cataluña, contra funcionarios y contra el Govern que presido, con peticiones de penas que suman quinientos años de prisión. Decidimos que el Govern priorizaría la prudencia, la seguridad y la moderación y constatamos que el diálogo era imposible". No explicó por qué, en ese caso, dejó a merced de esa supuesta agresión a gran parte de su gobierno.

Tras el relato habitual sobre los alcaldes citados por la fiscalía, la falsa violencia policial "contra miles de personas" y la fianza impuesta a Artur Mas por el Tribunal de Cuentas afirmó que "mi gobierno podría haber entrado en una disputa por la hegemonía con los funcionarios fieles, pero hemos preferido garantizar que no haya violencia".

Funcionarios a salvo

"No hemos querido poner en peligro a los funcionarios y si esto ralentiza la república catalana tendremos que asumirlo", abundó. Para Puigdemont, "la querella de Maza confirma la extrema gravedad de la ofensiva contra Cataluña, una querella que se centra en perseguir unas ideas y unas personas, no delitos. Una querella que prevé prisión preventiva o fianzas abusivas". Aún así, insistió en que no quieren escapar de la acción de la justicia.

En cuanto a sus planes, Puigdemont ha dicho que "una parte del Govern conmigo como presidente legítimo nos hemos trasladado a Bruselas para llevar el problema al corazón de Europa, para denunciar que el Estado español persigue las ideas, para denunciar el grave déficit democrático que hay en el Estado español".

La otra parte del "Govern" es que Junqueras y Raül Romeva dirijan la acción política de la Generalidad desde Cataluña. También apuntó Puigdemont que "vamos a impulsar y a apoyar las iniciativas que se pondrán en marcha para evitar que el 155 se lleve a la práctica. Apoyamos a los sindicatos, a las entidades y a los altos cargos para que salve de la demolición de la Generalidad". Es decir, una nueva llamada a la movilización callejera desde Bruselas. Además confirmó que se presentarán a las elecciones que él mismo estuvo a punto de convocar 24 horas antes, pero exigió un "compromiso claro del Gobierno" de que se respetarán los resultados.

"Impedid el 155"

Puigdemont desveló sus propósitos de extender la crisis política: "Pido a Europa que reaccione. El caso catalán apela a la democracia, la libertad, la libertad de expresión y la no violencia, que son los fundamentos europeos. Permitir que el Gobierno no dialogue significa traicionar la idea de Europa".

Para cerrar la intervención, arengó a los catalanes: "Al pueblo de Cataluña le pido que se prepare para un camino largo. El Estado ha decidido utilizar la violencia y la represión. Trabajad para que sea imposible que PP, PSOE y Ciudadanos desmonten las instituciones catalanas. Luchemos con la máxima creatividad para impedir el 155".

Mientras el máximo responsable del golpe arengaba de esta manera bien resguardadito en Bélgica, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena Conde ha citado a la presidenta del Parlament catalán Carme Forcadell y a los otros cinco exmiembros de la Mesa de la Cámara para tomarles declaración los próximos días 2 y 3 de noviembre a partir de las 9:30 de la mañana en el marco de la querella por rebelión presentada contra todos ellos ayer por la Fiscalía.

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