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La Fiscalía pide que Junqueras y los exconsejeros sigan en prisión y el juez retrasa al lunes su decisión

El juez Llarena no emitirá el auto hasta el lunes, por lo que los exconsejeros pasarán el fin de semana en la cárcel. 

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La Fiscalía pide que Junqueras y los exconsejeros sigan en prisión y el juez retrasa al lunes su decisión
Fachada del Tribunal Supremo en la Plaza de la Villa de París de Madrid | Cordon Press

Los políticos presos del separatismo dormirán en la prisión, pero con la bendición de Carles Puigdemont. Como si de una redención preventiva se tratara, el huido en Bélgica ha versionado la cita más célebre de Maquiavelo sobre el fin y los medios: "Haced lo que haga falta para salir de la cárcel". El expresidente de Cataluña pensaría que todo estaba justificado, incluida la estrategia del repliegue que desplegaron Carme Forcadell y los rupturistas de la Mesa del Parlamento para que el propio magistrado del Tribunal Supremo les dejara en libertad bajo fianzas de 150.000 y 25.000 euros.

El juez Pablo Llarena ha asistido a la segunda entrega de acatamientos; otra vez con la boca pequeña. Si Forcadell retrasó lo inevitable hasta la vistilla –solo renunció a la unilateralidad cuando comprobó que la Fiscalía reclamaba prisión incondicional–, Oriol Junqueras se ha negado a trasladar al Ministerio Público lo que redactó en su escrito ante el Alto Tribunal: que se somete al 155 de la Constitución y apuesta por la vía del diálogo y la negociación. Entre sus compañeros de Esquerra, tampoco ha respondido a los fiscales Consuelo Madrigal y Jaime Moreno el exconsejero Raül Romeva, solo a determinadas cuestiones Carles Mundó y a bastantes más Dolors Bassa.

En la misma línea han comparecido los líderes de la ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y, sensiblemente más profusos, los exconsejeros del PDeCat Joaquím Forn, Jordi Turull y Josep Rull. La también convergente Meritxel Borrás –la única que no concurre a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre junto con Cuixart– ha respondido a todas las preguntas en un interrogatorio de casi una hora; por los veinte minutos de media del resto.

La Fiscalía, en línea con la acusación popular que ejerce el partido VOX, ha solicitado al juez Llarena que mantenga la medida cautelar de prisión incondicional para los diez investigados. Observa riesgos de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva sobre "hechos de extrema gravedad". El magistrado –que acumuló el grueso de la causa por rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos– resolverá el próximo lunes sobre la situación de los querellados. Pese a que lo habitual es que redacten los autos inmediatamente después de los interrogatorios, retrasa la decisión para elaborar un pronunciamiento bien argumentado y muy individualizado.

Perspectiva

Aunque con menos afluencia que de costumbre, los aledaños del Tribunal Supremo han acogido este viernes a representantes del PDeCAt, ERC, ANC y Ómnium en apoyo a los investigados. Los abogados de la defensa han entrado al Alto Tribunal con dinero preparado para cubrir una hipotética caución en caso de que Llarena dejase a los comparecientes en prisión eludible con el pago de fianzas. No han especificado tampoco el origen de los fondos.

Los exconsejeros y los Jordis se acogieron a su derecho a no declarar cuando el 2 de noviembre se sentaron ante la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional, que ordenó su ingreso en prisión incondicional. Según fuentes presentes en los interrogatorios, se han limitado al acatamiento de la CE y han sostenido que "a partir de ahora" –una locución con explícito reconocimiento previo– van a mantener los cauces democráticos. Aunque ninguno ha renunciado expresamente a la consecución de los fines separatistas.

Los diez citados han llegado primero a la Audiencia Nacional, puesto que el Supremo no cuenta con calabozos. Han desfilado en furgón policial, por la puerta de atrás y por turnos ante el juez y las partes y han regresado después a prisión: los exconsejeros varones a Estremera y las mujeres a Alcalá-Meco –donde permanecen desde el 16 de octubre–; y los Jordis a Soto del Real –en la que cumplen las medidas cautelares desde el 2 de noviembre–.

Resulta un escenario obtuso tras cuatro horas y media de declaraciones. Llarena determinará si la renuncia a la unilateralidad y el sometimiento a la Constitución es suficiente, aunque no esté pronunciado como tal en la Sala. Elaborará un auto donde establecerá si los riesgos de fuga –superable con la fianza– y de reiteración delictiva son lo suficientemente sólidos como para mantener en prisión incondicional a los diez encarcelados por el desafío.

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