La magistrada Alejandra Gil, sustituta del fallecido juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha puesto fin a la instrucción abierta en el juzgado de instrucción número 13 sobre el referéndum ilegal del 1-O de 2017 con un auto de procesamiento de treinta de los altos cargos de la Generalidad y empresarios que eran investigados, a los que se atribuyen los delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación.
Entre los imputados destacan Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención ciudadana de la Generalidad, Joaquim Nin, secretario general de la consejería de Presidencia, el director de comunicación Jaume Clotet, Francesc Sutrías, director general de Patrimonio, Aleix Villatoro, secretario general de la consejería de Exteriores, Amadeu Altafaj, exdirector de la "embajada" de la Generalidad en Bruselas, Albert Royo, exdirector del Diplocat y Pablo Raventós, director general de Unipost.
La interventora y el jefe de TV3
La lista de procesado incluye también a la interventora general de la Generalidad, Rosa Vidal, así como los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, a quienes se atribuye el cargo de desobediencia. En el caso de la interventora, los delitos que se le imputan son los de malversación, desobediencia y falsedad documental
Quedan fuera del auto de procesamiento Santiago Vidal, el exmagistrado y exsenador de ERC cuyas revelaciones en actos de pequeño formato de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) dieron pie a la denuncia de Vox que activó el procedimiento, y Carles Viver Pi i Sunyer, exvicepresidente del Constitucional reconvertido en asesor de la Generalidad y considerado el arquitecto jurídico del proceso.
Fianza de seis millones
La magistrada Gil ha impuesto una fianza de casi seis millones de euros (5.803.068) a la que deberán hacer frente de manera solidaria los encausados. Esa sería la cantidad supuestamente desviada de los fondos públicos para organizar el referéndum ilegal.
La investigación judicial emprendida por Ramírez Sunyer tuvo como episodio más destacado el registro en la consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017, cuyos sucesos son objeto del juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra los Jordis y los consejeros del gobierno de Puigdemont que no se dieron a la fuga.