Menú

La Abogacía del Estado, "escandalizada" con las presiones de Pedro Sánchez: "No somos la Abogacía del partido"

Según fuentes jurídicas consultadas por LD, en la Abogacía existe una "gran preocupación" por la imagen pública que se está dando de la institución.

0
Según fuentes jurídicas consultadas por LD, en la Abogacía existe una "gran preocupación" por la imagen pública que se está dando de la institución.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, junto a Oriol Junqueras | EFE

La Abogacía General del Estado está "escandalizada" con las presiones que está recibiendo por parte del Gobierno socialista en funciones de Pedro Sánchez para elaborar el escrito sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. El exvicepresidente catalán fue condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de prisión por sedición y malversación en el golpe del 1-O.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenciaba la semana pasada que Junqueras tenía inmunidad como europarlamentario desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones europeas de mayo. Tras conocerse el fallo, el Supremo daba traslado a las partes para presentar alegaciones en un plazo de 5 días hábiles, que vence el 2 de enero y que se prorrogaría hasta el mediodía del viernes día 3. La Abogacía del Estado es la única que todavía no ha contestado.

Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, en la Abogacía existe una "gran preocupación e indignación" por la imagen pública que el Ejecutivo en funciones del PSOE está dando de la institución. Internamente muchos de sus miembros critican la utilización de la Abogacía para usos partidistas con el objetivo de que Sánchez pacte la investidura de Gobierno con los separatistas catalanes: "No somos la Abogacía del partido".

Las mismas fuentes consultadas sostienen que "no se entiende" que Sánchez y su equipo considere que "la Abogacía General del Estado por ser una institución que depende jerárquicamente del Gobierno tenga que actuar a su dictado". Por ello, existe "un gran malestar" interno en el organismo dirigido por Consuelo Castro.

De hecho, el artículo 103 de la Constitución española hace un llamamiento a la objetividad en relación a labor de organismos públicos como la Abogacía General del Estado: "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho".

Este diario desvelaba ayer en exclusiva que la Abogacía del Estado estaba encontrando serias dificultades para que alguno de sus integrantes firmase el escrito sobre la libertad de Junqueras. En este contexto, "nadie quiere firmar el escrito" en el que supuestamente se pediría la excarcelación de Junqueras para acreditarse como eurodiputado.

La razón de las reticencias es el "difícil encaje jurídico" y que ninguno de los miembros quieren quedarse "marcados profesionalmente" con dicha decisión. Otras fuentes jurídicas consultadas aseguraban incluso que en la elaboración del documento sobre la inmunidad de Junqueras habrían participado directamente "asesores" de la Moncloa.

Este difícil encaje jurídico de la excarcelación de Junqueras, aunque fuera temporal, ha provocado este retraso en la presentación del escrito que nadie quiere firmar. De hecho, en las últimas horas desde el Ejecutivo en funciones de Sánchez se ha trasladado la idea de apurar los plazos para remitir el escrito al Tribunal Supremo.

Recordamos que el que fuera abogado del Estado y actual diputado de C´s, Edmundo Bal, se negó a firmar el escrito de acusación de la Abogacía que recogía el delito de sedición y no de rebelión en el golpe del 1-O. Tras haber representado a la Abogacía durante toda la instrucción, Bal fue cesado por la abogada general del Estado, Consuelo Castro y su cargo fue ocupado por Rosa María Seoane. Finalmente, fue Consuelo Castro la que firmó dicho documento. En el caso de que ningún miembro de la Abogacía quiera estampar su firma en el escrito sobre la inmunidad de Junqueras, previsiblemente Castro lo volverá a hacer.

La historia ilustre de la Abogacía General del Estado

La Abogacía General del Estado se fundó tras la creación de la Dirección General de lo Contencioso para la defensa de los intereses de la Hacienda publica en 1849, la primera creación de los Oficiales Letrados de Hacienda en 1868 y finalmente el Cuerpo de Abogados del Estado en 1881.

Su función principal es el asesoramiento jurídico a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos, así como, cuando proceda normativa o convencionalmente, el de las demás entidades y organismos públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal. La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, de los órganos constitucionales y de las demás entidades ante el Tribunal Constitucional y los tribunales de todo orden jurisdiccional.

A lo largo de su prestigiosa historia, manchada ahora por la utilización política de la institución, la Abogacía General del Estado ha contado con personajes ilustres. Entre ellos, José Calvo Sotelo, Jaoquín Costa o Ángel Herrera Oria. En la actualidad, varios políticos son abogados del Estado como la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría o la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com

En España

    0
    comentarios

    Servicios