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Podemos pacta con ERC y Bildu una proposición para desterrar el español de las administraciones

En un texto con erratas, los de Iglesias piden obligar al funcionariado a hablar las lenguas cooficiales "independientemente de su ubicación física".

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En un texto con erratas, los de Iglesias piden obligar al funcionariado a hablar las lenguas cooficiales "independientemente de su ubicación física".
Los firmantes del texto en el patio del Congreso | PNV

En un paso más hacia la discriminación total del español como lengua oficial del Estado, los de Pablo Iglesias consuman su alianza con ERC y Bildu en esta cruzada y este jueves, junto al resto de formaciones separatistas catalanas —JxCAT y la CUP— y el PNV, Compromís, Más País y el BNG, han registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso en la que se pide avanzar hacia "una realidad plurilingüe" poniendo fin a "la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal" que no es otra cosa que seguir orillando el español en beneficio de las lenguas cooficiales, en este caso, en la administración central.

En el texto, que incluye varias erratas en su apartado de exigencias lo que dificulta en algunos puntos la comprensión del redactado, los firmantes hablan de que durante años los hablantes de las lenguas regionales han sido "discriminados" por parte de un "Estado de tradición monolingüe" y que por ello es necesario "generar políticas de recuperación de su dignidad y autoestima que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos lingüísticos".

En concreto, en esta proposición no de ley a la que ha tenido acceso Libertad Digital y que viene impulsada por plataformas como la separatista catalana Òmnium Cultural —cuyo líder, Jordi Cuixart, cumple condena por sedición— los nueve grupos parlamentarios instan al Gobierno socialista a:

  1. Iniciar todas las acciones para que las lenguas propias distintas del castellano gocen del mismo reconocimiento y sus hablantes de los mismos derechos y deberes que se reconocen al castellano.
  2. Garantizar el deber de conocimiento por parte del funcionariado que preste servicios en territorios con lengua propia, así como impulsar las medidas adecuadas para extender el conocimiento generalizado de las lenguas en sus respectivos territorios.
  3. Asumir la realidad plurilingüe y garantizar que la administración del estado (sic) funcione en las diferentes lenguas independientemente de su ubicación física, entre otros, en las Cortes generales (sic), los Tribunales Constitucional, Supremo y Audiencia Nacional o (sic) organismos como la Agencia Tributaria o la Seguridad social Asumir (sic) u otras empresas y entidades públicas como RTVE.
  4. Impulsar y apoyar reformas estatutarias para la oficialidad de las lenguas propias que aún no son oficiales en una parte o la totalidad del territorio donde se hablan.
  5. Garantizar la igualdad lingüística el Estado (sic) extendiendo deberes y derechos de los que hasta ahora solo se ha beneficiado el castellano, como son la capacitación en lenguas propias del personal de todas las administraciones públicas, incluida la de Justicia, su uso generalizado en las páginas oficiales y su reconocimiento a nivel internacional en paridad con el castellano.
  6. Poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal, que afecta de manera frontal al ámbito económico y singularmente al etiquetado.
  7. Permitir el uso administrativo de las distintas lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas, sin barreras y firmando acuerdos para la recepción reciproca (sic) de medios de comunicación dentro de esos espacios lingüísticos.
  8. Respeto real, basado en derechos y deberes y en la actuación comprometida de todos los poderes del Estado.

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