En pleno desacato de la sentencia del 25% de español en el horario lectivo de primaria y secundaria en Cataluña, el Tribuna Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido un auto en el que rechaza el recurso presentado por una treintena de familias del colegio Turó del Drac de Canet de Mar en contra del porcentaje de enseñanza en español. Este centro fue el primero donde se aplicó la sentencia del 25% a petición de unos padres de un niño de 5 años que sufrió bullying al trascender la sentencia y aplicarse en las clases. La familia también fue amenazada en redes sociales y un digital separatista difundió datos de la identidad y ocupaciones de los padres.
La Consejería de Educación, dirigida por el republicano Josep Gonzàlez-Cambray, instó a la dirección del centro a la desobediencia y orquestó una operación de acoso de la familia a cargo de colectivos independentistas relacionados con la educación y de los propios partidos separatistas. La familia tuvo que soportar incluso una manifestación en la que se les acusaba de ser auténticos enemigos de Cataluña.
La aplicación en Canet del 25% desencadenó una serie de peticiones mientras que la sentencia del TSJC era ratificada en el Tribunal Supremo.
Resolución firme
El auto del TSJC relativo al caso del centro de Canet de Mar indica que el 25% se empezó a aplicar en octubre del año pasado, que es firme y que no aprecia vulneración de derecho alguno en un sistema de "conjunción lingüística". La resolución se comunica tres días después de que haya vencido el plazo para la implantación del 25% de español en el horario lectivo. El gobierno de la Generalidad aprobó un decreto en el que rechaza el 25% y aboga por reforzar la inmersión lingüística y la condición exclusiva de vehicular el idioma catalán. Además, dio orden a todos los centros para adaptar sus proyectos lingüísticos a las nuevas normas.
En la práctica, esa orden de la Generalidad obliga a los directores de los centros y a los docentes a desobedecer al TSJC e incluso a revocar el 25% en aquellos centros donde se decidió acatar la sentencia. Del último auto se infiere que la respuesta del TSJC al incumplimiento flagrante por parte de las autoridades autonómicas y especialmente del consejero Gonzàlez-Cambray será el de ordenar la aplicación del 25%.