El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha dado cuenta de los dos acuerdos alcanzados por el Gobierno con el gobierno autonómico catalán. Desjudicialización y promoción del catalán han sido el objeto de dichos pactos. Según Bolaños, se trata de la "necesidad de poner fin a la judicialización de la política porque tenemos que hacer política con mayúsculas y creemos en el acuerdo entre diferentes".
Bolaños ha aludido implícitamente a la reforma del delito de sedición a gusto de los separatistas al afirmar que "la mejora del marco normativo se ha de producir a través del diálogo" y que "se renuncia a acciones que saquen la política del campo de juego democrático".
En cuanto al catalán, el Gobierno se ha sumado ya de manera oficial a las tesis separatistas en materia de lenguas. Así, ha defendido la última ley elaborada por el parlamento para boicotear el fallo del 25% de español en la enseñanza obligatoria catalana, que contó con el impulso del PSC, y ha recurrido al lengua de los independentistas para asegurar que su compromiso es que los alumnos de Cataluña "dominen plenamente el catalán y el castellano".
Según Bolaños, dicha ley es un "ejemplo de los acuerdos transversales" y definió que el objetivo es "la protección y el impulso de la lengua catalana a todos los niveles". "Vamos a garantizar el derecho de todos los ciudadanos a ser atendidos en la lengua oficial de su elección", abundó el ministro. Además, se revisará el reglamento del Senado para que los diputados catalanistas puedan intervenir en catalán y se incluirá a representantes de la Generalidad en las delegaciones gubernamentales que aborden en foros internacionales cuestiones de índole lingüística, así como fomentar el catalán en las instituciones de la Unión Europea.
Para Bolaños, el catalán es una lengua española que forma parte de la diversidad lingüística del país, por lo que "es obligación del Gobierno su fomento". También apuntó que gallego y vasco tendrán el mismo tratamiento "si lo piden sus respectivos gobiernos".
Satisfacción en el 'Govern'
Por su parte, la consejera Vilagrà ha asegurado que "hoy hemos dado un paso en esta nueva etapa de negociación y diálogo con el Gobierno del Estado". "Teníamos que abordar la represión y cómo poner fin al proceso de judicialización cuyos efectos son conocidos, temas de prisión, exilio, inhabilitación, multas. La judicialización enquista el conflicto y genera nuevas víctimas. En este marco de la mesa nos hemos reunido para alcanzar unos primeros acuerdos como paso previo para la resolución del conflicto político de fondo", afirmó la consejera catalana de Presidencia.
En cuanto al primer acuerdo, el de la "desjudicialización", Vilagrà acentuó que se impulsarán las reformas legislativas "que sean necesarias". No obstante, insistió en que "hay que tener claro que hasta que la ciudadanía no pueda votar estamos lejos de resolver el conflicto político de fondo".
Mucho más explícita fue al abordar el acuerdo sobre la "protección" del catalán. Según esta consejera, el acuerdo parte de que "el catalán ha sido una lengua perseguida y minorizada" y que el catalán "es un elemento esencial y nuclear de la sociedad catalana porque es nuestra lengua". Vilagrà se ha felicitado porque "hemos conseguido que el Gobierno entierre el recurso contante" contra las normas lingüísticas del separatismo y ha subrayado el apoyo del Ejecutivo a las reformas legales para boicotear la introducción de un 25% de español en la enseñanza obligatoria.
"Tenemos al Estado sentado en la mesa"
"El trabajo continúa, pero en cualquier caso tenemos al Estado sentado en la mesa de diálogo y negociación", manifestó la consejera de Presidencia. El balance para ERC no puede ser más positivo en materia lingüística mientras espera avances en las reformas legislativas de los delitos que se imputan a algunos de los principales líderes del golpe de Estado. "Hoy hemos firmado acuerdos parciales imprescindibles para la resolución del conflicto político", dijo a modo de colofón de su intervención antes del turno de las preguntas. En esa fase, aseguró que las reformas legislativas que planean con el Gobierno "a la luz de las normativas europeas" concluirá con el reconocimiento del derecho de autodeterminación.
"Un paso adelante"
Gran ambiente en la reanudación de la denominada "mesa de diálogo y negociación" entre el Gobierno y la parte del gobierno catalán que ocupa ERC. Sonrisas, paseos y confidencias entre pares. "Ambiente sincero, amable y constructivo", según Bolaños. Y satisfacción del Gobierno porque esta habría sido la primera reunión con acuerdos concretos. "Empezamos a recoger los frutos del diálogo", siguió Bolaños en tono triunfalista. "Un paso adelante", remató.
Los días previos venían marcados por la discreción y el hermetismo, pero se daba por seguro que la reunión daría de sí acuerdos concretos y prácticos. ERC no se puede permitir comparecer con las manos vacías y más cuando Junts per Catalunya (JxCat), el partido de Carles Puigdemont y Laura Borràs, les acusa de "autonomistas" y de ejercer de mamporreros del Gobierno de Pedro Sánchez.
La reunión ha durado casi dos horas, pero los acuerdos se habían pactado de antemano por los equipos técnicos de los ministerios y consejerías de la Generalidad implicadas en las conversaciones. La "desjudicialización" como sinónimo amplio de amnistía e impunidad para el independentismo es el espacio que más preocupa a ERC y en el que el Gobierno se ha comprometido a avanzar.
Se trata de "desarticular" a los jueces y tribunales que han investigado o investigan el golpe de Estado de 2017, el asalto al Aeropuerto de El Prat en 2019, las actividades de los Comités de Defensa de la República (CDR) o los actos soberanistas del parlamento autonómico, entre otros casos. En la jerga separatista, la pretensión es "alejar el conflicto político de los tribunales" a fin de facilitar, por ejemplo, el regreso de los fugados, entre los que se cuenta la número dos de ERC, Marta Rovira. O diluir la causa contra Josep María Jové y Josep Lluís Salvadó, diputados autonómicos republicanos procesados por la organización del referéndum ilegal.
Incumplimiento del fallo del 25%
En cuanto al catalán, ERC pretende que se blinden las competencias de la Generalidad para proseguir sin dificultades judiciales la erradicación del idioma español en la enseñanza en Cataluña. Se trata de la otra "desjudicialización" después de decenas de sentencias a favor de la inclusión del español en la enseñanza obligatoria que han sido sistemáticamente incumplidas por la Generalidad desde hace décadas.
Los acuerdos entre el Gobierno y ERC se producen después del incumplimiento del fallo del 25% gracias a maniobras legislativas del PSC y los separatistas para boicotear la sentencia. Y en medio, además, de una ofensiva de la Generalidad, que ha dado instrucciones tajantes y precisas para erradicar el uso del español en los colegios. Esas órdenes cuentan ahora con el aval del Gobierno de Pedro Sánchez.
Las delegaciones
Por parte del Gobierno han participado en la reunión Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social y Miquel Iceta, ministro de Cultura. Por parte de la Generalidad, Laura Vilagrà, consejera de Presidencia, Roger Torrent, consejero de Empresa, Natàlia Garriga, consejera de Cultura y Joan Ignasi Elena, consejero de Interior, exalcalde socialista que abandonó el PSC cuando comenzó el proceso separatista.