Gobierno y Generalidad catalana han dado a conocer el texto de los dos acuerdos anunciados este miércoles por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera autonómica también de Presidencia Laura Vilagrà. El primero de ellos alude a la "desjudicialización" del "conflicto político" y contiene frases que revelan la existencia de una agenda oculta para desmontar toda la acción judicial contra los delitos cometidos por independentistas.
Bajo el título de "Acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías", el Gobierno asume la "apuesta por soluciones políticas, siempre en el marco de la seguridad jurídica y de la atención a las demandas democráticas avaladas por una mayoría social amplia y transversal según los principios y el ordenamiento democrático y debe concretarse en medidas que supongan un avance que mejore la situación de partida y contribuyan a la resolución del conflicto político".
Toque al Tribunal de Cuentas
Pero mucho más concreto es el párrafo en el que alude al "refuerzo de los derechos fundamentales, asegurando que las instituciones públicas preservan el interés general y adoptan las máximas garantías, especialmente cuando su actuación pueda tener un efecto sobre los derechos y las libertades o el patrimonio de las personas". La alusión al Tribunal de Cuentas y a las fianzas impuestas a los líderes separatistas por los recursos públicos destinados al denominado procés está implícita en el redactado.
También es evidente el compromiso del Gobierno para unos "avances" que "se deben concretar en reformas legislativas, normativas, reglamentarias o de cualquier otra índole para superar la judicialización y sus efectos, tomando además como referencia los mejores estándares y recomendaciones europeas e internacionales".
Se abre la puerta así a las modificaciones de los delitos como el de "sedición" y otros que se imputan a dirigentes independentistas como la fugada Marta Rovira o los diputados también de ERC Josep María Jové y Josep Lluís Salvadó, inmersos aún en un proceso por su participación en los preparativos del referéndum ilegal cuando eran altos cargos de la consejería de Economía.
La puerta de un referéndum separatista
Pero para Vilagrà, la alusión a los "estándares y recomendaciones europeas e internacionales" abre la puerta directamente al reconocimiento del supuesto derecho de autodeterminación de Cataluña.
Además, hay prisa por llevar a cabo los cambios que doten de impunidad a los dirigentes separatistas. "Ambas partes manifiestan su voluntad de que dichas modificaciones legislativas sean aprobadas, en su caso, antes de finalizar el próximo periodo de sesiones", concluye este primer acuerdo.
El catalán, "perseguido"
En cuanto al segundo pacto, su título es Acuerdo para la protección y el impulso de la lengua catalana y supone que el Gobierno se suma a la Generalidad en su ofensiva para reducir el español en las escuelas a la mínima expresión posible, como si en vez de una lengua oficial fuera un idioma extranjero en Cataluña.
A tal efecto y después de un espeso introito que incluye consideraciones como que "el deber de las diferentes administraciones es que el catalán no sea nunca una lengua minorada, como lo fue en regímenes pasados fruto de su persecución política", el Gobierno se compromete a "garantizar el nivel de conocimiento y de uso del catalán" y "contribuir al fortalecimiento y la mejora del modelo educativo de Cataluña, de acuerdo a la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña, y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por LO 3/2020, de 29 de diciembre".
La primera de esas leyes es la que se reformó por el procedimiento de urgencia para convertir en papel mojado la sentencia del 25% de español en la enseñanza obligatoria en Cataluña. El Gobierno también se compromete a "facilitar el uso de la lengua catalana en todos los sectores, especialmente en aquellos donde ahora tiene menos presencia".
Papel residual del español
El texto incide en el apoyo del Gobierno a la inmersión lingüística en estos términos: "Ambos gobiernos comparten que el catalán debe seguir siendo la lengua normalmente usada como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo de Cataluña y el aranés en la Val d’Aran, que la enseñanza y el uso curricular y educativo del castellano también tiene que estar garantizado y tener una presencia adecuada en los currículos y proyectos lingüísticos, y que se debe fortalecer la autonomía y capacidad de los centros para desarrollar proyectos educativos adaptados a la realidad social y lingüística de su entorno, y de acuerdo con la evaluación de las competencias lingüísticas. En todo caso, la determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria deberá estar basada exclusivamente en criterios pedagógicos de forma singularizada para cada uno de los centros".
Es decir, carta blanca para reducir el español a una lengua de "uso curricular y educativo", pero nunca vehicular, cómo sí lo son las otras lenguas oficiales en el territorio autonómico, el catalán y el aranés en su zona de influencia.
También hay un respaldo explícito al "desarrollo del marco normativo reciente, consagrado por el Parlament de Catalunya, encabezado por la Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, que da amparo a los usos y aprendizajes lingüísticos del catalán, del castellano, del aranés en la Val d’Aran, de las primeras y las segundas lenguas extranjeras, de las lenguas de origen de los alumnos y de la lengua de signos catalana, de acuerdo con la evolución metodológica del aprendizaje, los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas y de la realidad lingüística de cada entorno educativo. Consideran, asimismo, que las disposiciones de dicha ley se adecuan al marco constitucional y estatutario".
Proyección internacional
Además, el catalán será objeto de especial cuidado en la proyección internacional de España. "En concreto, el Gobierno de España solicitará a la presidencia del Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno y a efectos del ejercicio del derecho de petición ante la institución. A tal efecto, presentará la solicitud ante la Mesa del Parlamento Europeo, junto con una propuesta para que sea técnica y financieramente viable, y trabajará para conseguir una mayoría suficiente en ella que avale esta petición antes de finalizar el año en curso", afirma el pacto.
En el Senado y en la administración periférica
También se quiere "ampliar el derecho de los representantes de los españoles a realizar su labor en todas las lenguas del Estado. En este sentido, se empezará por impulsar la revisión del reglamento del Senado para ampliar ese derecho en la Cámara Alta". El Gobierno también "promoverá, durante la presente legislatura, las reformas normativas necesarias para garantizar la plena disponibilidad lingüística y el derecho de ser correspondido oralmente y por escrito en catalán en la administración periférica del Estado".
El acuerdo contempla también que la Generalidad envíe "representantes a los foros que traten políticas con dimensiones lingüísticas y que permitan representación no estatal" y que el Gobierno facilite "la incorporación de representantes del Govern de la Generalitat de Catalunya a las delegaciones gubernamentales a foros internacionales que traten políticas con dimensiones lingüísticas".
Tras prometer que el Gobierno financiará todas estas medidas, el Ejecutivo de Sánchez "entiende que todas las previsiones contenidas en el presente acuerdo referidas al catalán pueden ser extensibles al resto de lenguas oficiales del Estado distintas al castellano si así lo requiere".