Pedro Sánchez ya ha regalado el indulto a los golpistas del 1-O, la eliminación del delito de sedición, ultima la rebaja de las penas de malversación, desde Cataluña el PSC habla ya de "consulta" separatista y fragua el asalto al Tribunal Constitucional para bendecir ese referéndum rupturista. Todo ello, regado con regalos de inversiones del Estado en Cataluña que duplican las de Madrid. Y, pese a ello, los hombres de Pedro Sánchez aseguran que no se trata de cesiones ante ERC para permanecer en el poder. Pero, para colmo del sarcasmo, en medio de todo ello, el partido de Oriol Junqueras ha distribuido entre sus bases un mapa donde se pueden ver, una a una, las cesiones realizadas ya por Sánchez. Y las que quedan por realizar. El mapa habla sin matices del camino a la "República Catalana" y anuncia una futura amnistía general de todos los delitos relacionados con el separatismo.
El mapa es digno de ser enmarcado. Y es que se convierte en la mayor confirmación abierta y sin matices, con plena obscenidad, de todo lo pactado entre los separatistas y Sánchez. Y de lo que queda por cumplirse a cambio de que los socialistas mantengan el poder de La Moncloa.
Mapa hacia la "República Catalana"
El primer paso descrito, como puede verse en el documento adjunto a la noticia, detalla la "eliminación de la sedición". Y, efectivamente, se ha cumplido.
El segundo de los pasos es la "modificación de los tipos delictivos de la malversación". De nuevo, se encuentra ya en fase de materialización.
El tercero es la "rebaja de las penas por desórdenes públicos" y la limitación de la aplicación de los castigos a los más graves de estos ataques callejeros, los denominados como "desórdenes públicos agravados". De nuevo, todo ello se ha introducido en las enmiendas presentadas por ERC y que el Gobierno ha aceptado ya negociar.
El cuarto paso de este mapa plantea una "negociación política" de igual a igual entre los "Gobiernos catalán y español". Todo ello, bajo la premisa expresa de lograr la "República Catalana". Ahí, evidentemente, de circunscribe un referéndum separatista autorizado por un TC asaltado y amaestrado.
Y el quinto, y último paso, una "amnistía" que deje sin responsabilidad alguna a todos los delincuentes que hayan cometido ilícitos penales relacionados con el separatismo.
La "consulta" catalana
Hay que recordar que el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ya ha avanzado su aceptación de "una consulta". Y, pese a que el Gobierno de su compañero Sánchez niega por ahora la admisión de un referéndum de autodeterminación, no ha desmentido a Illa cuando el líder del PSC ha defendido lo mismo con el eufemismo de "consulta". "Lo que va a haber es un intento de encontrar soluciones a través de los caminos que las instituciones marcan", afirmaba Iceta en el Congreso esta última semana. Una frase que, en realidad, no cierra puertas.
Y hay que recordar igualmente que ya el pasado verano, Sánchez y Aragonés, delinearon algo igualmente eufemístico de una amnistía a los delitos relacionados con el separatismo: un pacto para "desjudicializar" todos esos casos y delitos.
Se trataría de un nuevo perdón general y bajo forma de indulto masivo, solicitado por el presidente catalán, Pere Aragonés, a Pedro Sánchez en su cita de julio y que afectaría a los más de 300 casos de violencia callejera por separatismo encausados judicialmente en estos momentos, que a un indulto exclusivo para Carles Puigdemont.
Aragonés exigió el perdón general para los violentos ya confirmados como tales y para los que lo acaben siendo en futuros referéndum. Y Sánchez aceptó negociarlo. De hecho, ERC registró el pasado mes de mayo en el Congreso su petición formal y por escrito para proceder al archivo de toda actuación judicial para los CDR y Tsunamis. Toda una impunidad o inviolabilidad penal para quienes defienden con violencia la ruptura de España y, además, extensible a quienes preparan ya nuevos referéndum separatistas.
La petición se ha hecho, por lo tanto, por escrito y verbal en el encuentro de Sánchez y Aragonés.
Y el documento de ERC del mes de mayo no deja lugar a dudas. Recoge un mandato principal: "Indulto a los presos políticos catalanes" y retirada de "los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que residen en el exilio por organizar el referéndum y otras manifestaciones masivas". A esas reclamaciones le suma la exigencia de que "retire todos los procesos penales, incluidos los relativos a funcionarios de menor rango involucrados con el referéndum de 2017 y se abstenga de sancionar a los políticos sucesores de los presos políticos por acciones simbólicas que meramente expresaban solidaridad con aquellos en prisión".