Tras la decisión del Constitucional que frena el asalto judicial de Pedro Sánchez, una de las autoridades que compareció de urgencia ante los medios fue la presidenta del Congreso. Meritxell Batet, aunque dijo acatar lo acordado, que supone la suspensión de la tramitación parlamentaria de la reforma del Poder Judicial, señaló que se trata de un hecho sin precedentes y afirmó que defendería la autonomía del poder legislativo.
"Con la decisión conocida hoy se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo. Este cambio del modo de proceder seguido hasta la fecha produce una honda preocupación, desde el punto de vista del correcto funcionamiento del poder legislativo y del ejercicio de sus facultades constitucionales", proclamó Batet, que avanzó en su discurso que iban a presentar ante el tribunal nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria".
Fuentes jurídicas señalan a LD que existe un posible "conflicto de intereses" en este punto porque se da la circunstancia de que Batet es la actual pareja de Juan Carlos Campo. El ex ministro de Justicia es uno de los dos elegidos por Moncloa para convertirse en magistrado del Tribunal Constitucional junto a la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez. Batet y Campo son pareja desde 2019: ambos están separados y tienen dos hijas fruto de relaciones anteriores.
No es el único conflicto de intereses en torno a la renovación del Constitucional: Clara Martínez de Careaga, vocal del CGPJ y mujer de Cándido Conde Pumpido, el hombre al que el Gobierno quiere colocar al frente del TC, va a votar al magistrado José Manuel Bandrés para el Constitucional. Bandrés, considerado el candidato del Gobierno de entre los que se debaten en el órgano de gobierno de los jueces, votará probablemente, si es elegido, a Pumpido como presidente del TC.