El gusto de este Gobierno por señalar a particulares ha alcanzado su paroxismo con la noticia publicada en exclusiva por la revista ¡Hola! este miércoles de que Ana Obregón había sido madre a los 68 años por gestación subrogada.
De todas las reacciones del Gobierno destaca por su gravedad las declaraciones de la ministra de Educación, Pilar Alegría. Porque es muy grave que un miembro del Gobierno señale y ponga en la diana a una ciudadana, Ana Obregón, que ha tomado una decisión en el ámbito privado de su vida en el que, salvo que estemos hablando de una dictadura, ningún miembro de un Gobierno democrático debería entrar.
La ministra Alegría empezó diciendo que había "que llamar a las cosas por su nombre" para, a continuación, y sin citar a Ana Obregón, calificar de "dantesca" la imagen de la salida del hospital porque "la persona que salía en silla de ruedas, que yo sepa, no es la mujer que ha parido", dando muestras, además, de desconocer el protocolo que se sigue en muchos hospitales americanos.
Una declaración insólita si no fuera porque los miembros de este Gobierno le han cogido el gusto a señalar directamente a particulares por los más diversos temas, lo que unido a la querencia a inmiscuirse en la vida privada de los ciudadanos regulando los detalles más nimios de lo que se puede y no se puede hacer o decir, en casi cualquier ámbito de nuestras vidas, ha creado una maraña legislativa cada vez más asfixiante.
Padres maltratadores y abusadores sexuales
Muy sonadas han sido las intervenciones de miembros del Gobierno posicionándose a favor de madres secuestradoras de hijos. Tal fue el caso de Francesco Arcuri, marido de Juana Rivas, señalado por el Gobierno como maltratador, mientras ella era descrita como "madre protectora" por la ministra de Igualdad, Irene Montero.
El indulto parcial a Juana Rivas aprobado hoy en el #Cmin es un acto de justicia y reparación y el cierre de una brecha entre la legislación sin perspectiva de género y una madre que protegió a sus hijos de la violencia machista.
— Irene Montero (@IreneMontero) November 16, 2021
Sobre este caso es importante señalar que la justicia italiana ha concedido la custodia del hijo menor al padre señalado por Irene Montero por violencia machista, tras confesar el menor que Rivas lo sometía a chantaje para decir que su padre lo maltrataba, le había obligado a grabar vídeos y manipulado sus mensajes.
Un calificativo, el de madres protectoras, que Montero ha utilizado para referirse también a otras madres secuestradoras de niñas, como María Salmerón, Irune Costumero o María Sevilla, la presidenta de la Asociación Infancia Libre que daba cobertura y asesoramiento a esas madres.
Este último caso, el de María Sevilla, fue especialmente grave, pues una periodista (Ana Pardo de Vera) acusó al exmarido, Rafael Marcos, de pederastia, mientras la ministra Irene Montero, otra vez, lo señaló como un maltratador, motivo por el que Marcos la demandó ante el Tribunal Supremo.
El señalamiento por miembros del Gobierno a Rafael Marcos —la número 2 de Montero, Ángela Rodríguez Pam, también lo tildó de maltratador—, es inadmisible en un Estado de derecho. Cuando la realidad, además, es que el ex de María Sevilla jamás ha estado acusado de maltrato y las tres denuncias falsas por abusos sexuales a su hijo fueron desestimadas.
Señalamiento a empresarios
Las cruzadas personales del Ejecutivo han tenido un eco especial entre los empresarios españoles. Algo que está pesando ya en la imagen exterior de nuestro Gobierno.
Uno de los empresarios más odiados por este gobierno es Amancio Ortega, dueño de Inditex y habitual en las listas Forbes de los hombres más ricos del mundo. Ortega, que jamás ha querido tener un perfil público, no ha concedido apenas entrevistas y no se deja ver en público, es objeto habitual de las críticas de los miembros de Podemos. Pablo Iglesias o Irene Montero le han acusado directamente de defraudar impuestos.
¿Nunca te has preguntado de dónde sale el dinero que dona Amancio Ortega? Cualquiera podría pensar que sale del que gana evitando el pago de impuestos.
En democracia no vale saltarse la ley. Nuestra sanidad se merece más respeto. https://t.co/2cUvLNrsM9 pic.twitter.com/9m9hhuwThO
— Irene Montero (@IreneMontero) May 19, 2019
Si algo de Ortega ha soliviantado a los miembros de Podemos del Ejecutivo, sin que sus críticas hayan sido censuradas por la parte socialista del Gobierno, han sido las donaciones de equipos médicos que ha hecho Ortega al sistema sanitario español. Esa solidaridad era insoportable para los de Podemos. Tanto es así que, poco antes de llegar a la vicepresidencia del Gobierno, Pablo Iglesias criticó en público y en horario prime time (en una entrevista en El Hormiguero) a Amancio Ortega y le acusó públicamente de no pagar impuestos.
Ya en el Gobierno, la actual secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha sido la encargada de endurecer las críticas contra los empresarios. El 14 de enero, la crítica vino acompañada de nombres propios. Dijo que era indecente que "Florentino Pérez se haga rico cuando hay mujeres que no se pueden ir de casa de su maltratador por no tener independencia económica" o que es indecente también que "Juan Roig gane millones cuando hay gente que no puede llenar la nevera por el alto precio de los alimentos".
La propia Belarra ha cargado, siendo ministra del Gobierno, con más vehemencia contra el presidente de Mercadona Juan Roig a quien directamente tachó de "despiadado capitalista".
"Decir que el señor Juan Roig es un capitalista despiadado tiene que ver con que las grandes distribuidoras de alimentación se están haciendo de oro con los altos precios. Hay quien aprovecha las crisis económicas para eso.
El Gobierno tiene que tener mano dura"
🗣@ionebelarra pic.twitter.com/isgijTRevw
— Podemos (@PODEMOS) February 17, 2023
En la cruzada del Gobierno contra empresarios también ha sido muy evidente la cruzada contra "los directivos de los bancos", a quienes mencionaron sin citar, o de las empresas eléctricas, a quienes han acusado en más de una ocasión de disparar el precio de la factura de la luz. El Gobierno ha cargado contra las grandes distribuidoras de la alimentación, acusándolas también de subir los precios. Contra las granjas, los agricultores, etc. Ministros como Alberto Garzón, Yolanda Díaz, Teresa Ribera, Nadia Calviño o María Jesús Montero, no han evitado lanzar estas críticas.
Pero quizá el más grave de los ataques recientes ha sido el que ha sufrido el presidente de Ferrovial después de anunciar que se llevaría la sede social de la compañía a Países Bajos y deslizaba que lo haría en búsqueda de una seguridad jurídica de la que no puede presumir la España de Sánchez. Pues bien, en este caso, hasta el propio presidente mencionó directamente a Rafael del Pino en sus críticas y le acusó de no hacer país y de deberle demasiado a su Gobierno como para marcharse.
Así, el Gobierno de Sánchez ha demostrado carecer de cualquier freno a la hora de señalar a ciudadanos particulares en sus ataques. Una actitud que le acerca más a regímenes totalitarios que a democracias liberales.