El consejero de Enseñanza de la Generalidad catalana, el republicano Josep González Cambray, se ha mostrado casi eufórico ante la última resolución del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde Pumpido sobre la ley Celaá. El Constitucional, con el voto en contra de los cuatro magistrados del cupo conservador, ha resuelto que de la Carta Magna "no se deriva la necesaria fijación por el Estado de una proporción de uso del castellano en el sistema educativo". El texto aprobado por la mayoría considerada progresista aboga por un "patrón de equilibro o igualdad entre lenguas" en aquellas comunidades con dos lenguas oficiales.
El aval del TC a la ley educativa del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos sostiene que la norma protege efectivamente el español aunque deja de ser considerado vehicular en la enseñanza. Es la respuesta al recurso presentado por Vox. Según la Generalidad, se trata también de un espaldarazo a sus políticas lingüísticas en la denominada "escola catalana".
Así, el consejero González Cambray ha celebrado el auto porque "confirma que la enseñanza de las lenguas no va de proporciones o de porcentajes". Contra lo que suele ser habitual, el dirigente republicano se ha envuelto en la Constitución y ha mostrado su deseo de que las próximas decisiones del TC vayan en la misma línea. Se refería a los recursos en el órgano de garantías constitucionales sobre las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avaladas por el Tribunal Supremo en relación al establecimiento de una cuota del 25% de enseñanza en español en la educación pública de Cataluña.
González Cambray encabezó la revuelta separatista contra esas sentencias, la presión a los padres que pedían educación en español y la desobediencia efectiva de los fallos judiciales. También considera que la resolución del TC es "histórica" por ese motivo y porque además avala que la Generalidad cancele las subvenciones y conciertos a los centros de educación diferenciada entre alumnos y alumnas.