Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil lo llevan denunciando desde hace tiempo. Las agresiones a funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de otros cuerpos policiales se han disparado en los últimos años, sobre todo desde el final de la pandemia de coronavirus. Quieren que el Ministerio del Interior tome medidas para frenar esta situación.
Durante las últimas horas se han vuelto a producir dos agresiones relevantes. La primera de ellas, en Zaragoza, cuando un individuo trató de clavar en el cuello y en la cara unas tijeras de 11 centímetros de hoja a un agente que auxiliaba a una víctima de violencia de género. La otra, en Ribarroja de Turia (Valencia), donde una persona de origen árabe dio varios puñetazos a un guardia civil sin motivos aparentes.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha calificado los hechos que tuvieron lugar en la capital aragonesa como un "intento de homicidio" y ha vuelto a reiterar la necesidad de declarar el trabajo en la Policía Nacional como "profesión de riesgo", al tiempo que ha señalado la importancia y urgencia de "dotar a todos los agentes de las unidades policiales de primera línea de chaleco y de pistola táser".
"Es prioritario no escatimar en medios y formación en un momento como el que atravesamos y con una coyuntura como la actual, donde hemos vivido atentados donde individuos matan de forma indiscriminada, lo que en el argot policial se conoce como incidente AMOK. Retomar la puesta en marcha de los cursos AMOK en unidades de Seguridad Ciudadana es primordial", han añadido desde el sindicato.
Justicia Guardia Civil (JUCIL), la asociación mayoritaria en el Consejo del Instituto Armado, ha denunciado los hechos ocurridos en la localidad valenciana y ha recordado que "en la medida que quiebra el principio de autoridad en nuestras calles desaparece el Estado de Derecho". También ha exigido que ser miembros de la Guardia Civil sea reconocido como "profesión de riesgo", algo que no pasa en la actualidad.
El pasado mes de septiembre, tras la oleada de agresiones que tuvieron lugar durante el verano, el sindicato de mandos policiales, el SPP, pidió por carta al Ministerio del Interior que hiciera algo por proteger a los agentes. En esa misma línea, el SUP planteó la opción de convocar movilizaciones para que se aumenten las penas por las agresiones a los agentes.