La ofensiva por justificar torturas del "Estado español" en el País Vasco por parte de los proetarras arrecia. Se trata del segundo paso para justificar que los etarras deben ser incluidos más pronto o más tarde en la amnistía que prepara Pedro Sánchez. El primero fue la redacción a medida de la Ley de Memoria Democrática, con un periodo ampliado para absorber la etapa de los GAL.
Y el segundo, el que ahora impulsan desde Bildu, la creación de supuestas pruebas de unas teóricas torturas policiales no condenadas por la Justicia. Por eso, Bildu saca pecho de un informe que relata "violaciones a mujeres y hombres" por parte de policías y describe torturas de agentes de policía nacionales y autonómicos.
La Ertzaintza también se incluye. Y es que Bildu va contra los gobiernos de España, pero también contra los del PNV en el País Vasco. Y para ello, los proetarras piensan sacar provecho de un informe que se supone que narra torturas policiales hasta el punto de incluir violaciones.
Desde Bildu subrayan ya que el informe relata "el dolor añadido a los Lasa y Zabala por la Ertzaintza". Se trata del informe de la Comisión de Valoración, que este año propone reconocer a 66 víctimas de "violencia estatal". Un informe que ya ha sido remitido al Parlamento regional en Vitoria y que incluye la supuesta descripción de torturas a 49 personas. El informe, efectivamente, narra supuestas torturas, con detalles explícitos de lo que en Bildu aseguran que fue lo "sufrido por miles de vascos y vascas".
Y es que Bildu necesita generar un clima con el que justificar que el País Vasco ha vivido durante la etapa democrática una especie de ocupación y que, por lo tanto, sus etarras también se pueden acoger a la amnistía porque eran poco menos que luchadores por la libertad. Y para ello Bildu piensa utilizar lo que haga falta para que se acelere la catalogación como "torturadores" de policías destinados o propios de esta comunidad, de modo que los miembros de la banda asesina se puedan acoger a la deslegitimación de las acciones judiciales, policiales y estatales que supone una amnistía.
Por todo ello, justo en plena negociación de los apoyos a la investidura de Pedro Sánchez y de la amnistía a los delincuentes del 1-O, se ha puesto en marcha el proceso de reconocimiento como "víctimas estatales" en Navarra, una de las dos comunidades autónomas objetivo de Bildu.
Los trabajos del Gobierno de Navarra –en manos del PSOE y con el apoyo de separatistas y comunistas y el permiso de los proetarras– dieron comienzo en esta dirección en junio de este mismo año, justo antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M. El Ejecutivo de María Chivite empezó, de ese modo, la tramitación de los primeros expedientes abiertos por denuncias por supuestos abusos llevados a cabo por parte de "cuerpos policiales y grupos de extrema derecha en Navarra". Y se trata de expedientes administrativos que no cuentan con el respaldo de acciones judiciales ni sus correspondientes garantías, pese a lo que la norma ha entrado en vigor.
Bildu ha celebrado ya el arranque de estos procesos de reconocimiento de supuestas torturas policiales. Y es que encaja por completo en sus planes. Junts y ERC han exigido la amnistía de los delincuentes separatistas como condición para el apoyo a la investidura de Sánchez. Y, una vez implantada, la pretende utilizar Bildu para invocar el término "preso político" y aplicarla a los terroristas y asesinos etarras.
Ese es el plan oculto tras la exigencia del separatismo catalán de un vaciado de los delitos del 1-O y legitimación de los comportamientos subversivos contra el orden constitucional. Una amnistía que Oriol Junqueras asegura desde hace tiempo que "está ya pactada", que el propio Pedro Sánchez defiende públicamente, y deslegitimaría de tal manera la condena penal de la violencia independentista que llegaría a poder ser usada por los etarras.