
El director de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha pedido la recusación del titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que instruye el caso Voloh. En dicha causa se investigan las conexiones del proceso separatista catalán del 1-O con la Rusia de Vladimir Putin.
Alay fundamenta su petición de recusar al juez Aguirre en la entrevista que éste concedió a la televisión pública alemana sobre la causa que investiga. También argumenta que en otras intervenciones el juez ha hecho "muestras de falta absoluta de imparcialidad" y reclama proteger el derecho a un juez imparcial.
Las declaraciones de Aguirre fueron emitidas en el programa Tagesthemen en la pública ARD el pasado lunes, el mismo día en que el mismo canal se hizo amplio eco de una investigación periodística en torno a las conexiones entre el entorno de Puigdemont y el Kremlin. En el reportaje emitido en la noche del lunes, se aludía a la investigación abierta en España y aparecía el juez instructor señalando cómo la causa trataba de la "influencia directa de Rusia" en el proceso catalán con el objetivo "de que Rusia desestabilizara primero la democracia española y abriendo la puerta a Rusia a infiltrarse en todas las democracias liberales de Europa Occidental". En el reportaje, tras recordar el paso de Puigdemont por Alemania y sus declaraciones contra España al salir de prisión, incidían en los últimos datos sobre la trama rusa, las conexiones con la extrema derecha alemana y la difícil posición en que dejaban al Gobierno de Pedro Sánchez.

Este lunes, el instructor prorrogaba seis meses la investigación y afirmaba en un auto que "dada la extraordinaria complejidad de la causa, con la abundante documentación administrativa adjunta (decenas de miles de folios), gran cantidad de ella aún por revisar y analizar, y los voluminosos informes remitidos por la policía judicial, resulta absolutamente imposible terminar la instrucción, por lo que procede mantener la declaración de la complejidad de la causa y la prórroga de la instrucción por término de seis meses a contar desde el 1 de febrero de 2024, a fin de practicar las diligencias antedichas y las que se deriven de ellas, que en este momento es imposible prever".
Las diligencias aluden a nuevas investigaciones sobre el ofrecimiento de una Cataluña independiente a la Rusia de Putin para que la nueva república se convirtiera en una suerte de Suiza de las criptomonedas a cambio de apoyo económico y militar del Kremlin. Las pesquisas incluyen también los contactos de personajes como el director de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, de David Madí, que fue la mano derecha de Artur Mas, o Víctor Terradellas, que fue responsable de relaciones internacionales de Convergencia con elementos del entorno de Putin, agentes de sus servicios secretos y diplomáticos así como personajes de la extrema derecha alemana e italiana.
En el texto judicial se destacaba que "consta acreditado que Josep Lluís Alay tuvo con el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, una serie de conversaciones por mensajería instantánea que revelan de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes del Kremlin, ya que se refieren a la necesidad de que Puigdemont no critique la labor de Putin respecto al disidente Navalny y que tampoco critique al presidente de Bielorusia Viktor Lukashenko. Ambos también viajaron a Rusia para entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa, tales como Zakhar Kalashov, Vasili Kristoforov, Koba Shermazashivili y, posiblemente también con Evgeni Primakov, un político relevante en el Kremlin".
El auto señalaba también una reunión en el palacio de la Generalidad y en presencia de Puigdemont con un par de sujetos que formaban parte de la diplomacia paralela de Putin. Uno de ellos, según información anónima remitida al juzgado, sería Nikolay Sadovnikov. Según esa documentación remitida al juzgado "en la reunión con el presidente de la Generalitat, varios testimonios confirman la oferta que realizó Sadovnikov de varios miles de soldados y de millones de dólares a cambio de que una Cataluña independiente fuera una Suiza de las criptomonedas".
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