La esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez se ha negado a declarar. La mujer de Pedro Sánchez estaba citada este viernes ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción entre particulares. Begoña Gómez se volvía a librar del ‘paseíllo’ como en su citación del pasado 5 de julio y ha entrado en los Juzgados de Plaza de Castilla por el garaje por "motivos de seguridad".
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Begoña Gómez se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, apenas unos minutos después de entrar en la sala de vistas escoltada por varios miembros de seguridad". Recordamos que su primera citación para declarar hace dos semanas fue suspendida por el juez Peinado después de que su defensa alegara indefensión porque no se le había notificado la querella presentada por la asociación Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en la causa, que había sido acumulada en el mismo procedimiento.
A la salida del Juzgado, el exministro socialista Antonio Camacho, a cargo de la defensa de la esposa del presidente, ha asegurado que Begoña Gómez no ha declarado porque considera que no se dan las garantías: "Mi representada no ha declarado no porque tenga nada que esconder, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración".
Antonio Camacho ha insistido además en que ve necesario que el juez instructor limite la investigación que sigue contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Las acusaciones populares personadas en la causa, es decir, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, Iustitia Europa y MRPE, han denunciado haber sido tratados por los servicios de seguridad como "si fuéramos nosotros los investigados en lugar de Begoña Gómez". "Cuando ha aparecido la esposa de Pedro Sánchez nos han rodeado los servicios de seguridad", añadían las acusaciones que han criticado el amplio dispositivo de seguridad desplegado dentro y fuera de los Juzgados por alterar el funcionamiento de la justicia y por su alto coste económico.
Las acusaciones también han denunciado el trato degradante dispensado a los medios de comunicación durante el dispositivos de seguridad desplegado en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Los periodistas, cámaras de televisión y fotógrafos han sido hacinados una vez más en la isleta del carril Bus Vao del Paseo de la Castellana. Un espacio de apenas metro y medio de ancho donde se congregaban decenas de medios mientras los autobuses seguían circulando, poniendo en riesgo su integridad física. Tras numerosas protestas, los agentes de la Policía Nacional han decidido cortar la circulación de los autobuses.
El vicerrector y el ex vicerrector de la Complutense
También han comparecido este viernes José María Coello de Portugal, vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y su predecesor, Juan Carlos Doadrio. La defensa de Begoña Gómez solicitó al magistrado que cancelase el interrogatorio argumentando que la denuncia inicial del sindicato Manos Limpias, que dio origen a la investigación, no mencionaba a la universidad ni a ningún delito cometido en su seno.
Fuentes jurídicas consultadas por LD afirman que "la declaración de ambos ha sido muy esclarecedora. Han contestado todas las preguntas y han aportado valiosa información que servirá para solicitar futuras diligencias de investigación. Los dos han negado tener competencias en relación con las 3 facturas por valor superior a 100.000 euros que se investigan sobre la Cátedra Extraordinaria de Begoña Gómez en la Complutense. La Fiscalía no ha efectuado ninguna pregunta durante el interrogatorio".
Por su parte, la Complutense solicitó esta semana al juez Peinado que investigase a Begoña Gómez por un presunto delito de apropiación indebida tras su falta de colaboración en el marco de la investigación interna efectuada en la institución universitaria. Las facturas investigadas de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la esposa del presidente del Gobierno en UCM superan ya los 100.000 euros.
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