El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se niega a dimitir de su cargo para "seguir controlando" la investigación de su propia causa penal. El Tribunal Supremo acordaba este miércoles por unanimidad imputar a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz se convertía así en el primer fiscal general del Estado de la historia de España en ser imputado. Tras conocerse la resolución del Alto Tribunal, éste anunciaba en un comunicado su intención de seguir ejerciendo sus responsabilidades como máximo responsable del Ministerio Público mientras ponía en valor su supuesta lucha contra los "bulos".
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian que "García Ortiz ha utilizado a la Fiscalía como un instrumento de defensa con el fin de protegerse personalmente en la instrucción de la causa sobre la filtración contra Alberto González Amador. Al comienzo de la investigación apartó a la fiscal de la causa, María de la O, que pedía investigar los hechos".
"Posteriormente, cuando el Tribunal Superior Justicia de Madrid (TSJM) elevó una exposición razonada pidiendo su imputación al Tribunal Supremo, García Ortiz dejó el caso en manos de su nº 2, la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "mientras García Ortiz siga al frente de la Fiscalía con el aval del Gobierno de Pedro Sánchez, podrá seguir controlando la actuación de la Fiscalía en la investigación del procedimiento en el que está imputado por un delito de revelación de secretos a través de su mano derecha Sánchez Conde".
"Si García Ortiz dimitiese, no podría evitar que el nuevo fiscal general pudiera entregar la causa al fiscala jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Fidel Cadena, o al de mayor escalafón, Javier Zaragoza", concluyen.
Recordamos que Cadena y Zaragoza junto a Consuelo Madrigal y Jaime Moreno se posicionaron en contra de amnistiar al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont el delito de malversación, tras la Ley de amnistía del 1-O elaborada por el Ejecutivo socialista a cambio del apoyo de Junts y ERC. Finalmente, García Ortiz apartó de la causa a Zaragoza, Cadena, Madrigal y Moreno.
La Sala del Supremo que ha acordado la imputación del fiscal general estaba formada por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela. DE la misma forma, se ha designado instructor de esta causa, conforme al turno establecido, al magistrado Ángel Luis Hurtado.
Las asociaciones fiscales piden su dimisión
En un comunicado, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) afirmaba que "la imputación del Sr. García Ortiz por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, confiriéndole la condición de investigado, en un proceso penal en el que se le considera posible responsable de la comisión de un delito de revelación de secretos, da lugar a la pérdida de la consideración de jurista de reconocido prestigio que exige el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En otras palabras, es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito".
Por su parte, la portavoz de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, afirmaba en otro comunicado que "sin perjuicio de defender el principio de presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz - como el de cualquier otro ciudadano- la AF considera que no puede mantenerse en el cargo si valora la dignidad de la carrera fiscal, de la fiscalía, de la institución garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos".
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