La Generalidad de Salvador Illa se ha sumado a la "cruzada" separatista y de Ada Colau para desalojar a la Policía Nacional del edificio de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, enclavado en la Vía Layetana, en pleno centro de la capital catalana. El consejero de Justicia, el exdemocristiano Ramón Espadaler, ha enviado una carta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le pide un calendario para expulsar a los agentes que prestan servicio en el edificio y para convertir las instalaciones en un centro de "memoria histórica" sobre el franquismo.
Tanto los independentistas de ERC y Junts, así como los Comunes de Ada Colau habían exigido en los últimos años el cierre de la comisaría de la Jefatura y su conversión en una suerte de "museo de los horrores" del franquismo. La posición de los socialistas hasta el presente era intermedia, puesto que abogaban por la convivencia entre los agentes y un centro de memoria sobre la represión durante la dictadura, toda vez que el edificio fue sede de la Brigada Político Social.
Espadaler, que fue consejero de Interior en los gobiernos de Artur Mas, mostró las intenciones de la Generalidad de expulsar a la Policía Nacional en la sesión de control del parlamento regional. La idea de la Generalidad es "resignificar" el edificio y convertirlo en un espacio de denuncia de la represión y las torturas del franquismo. A los efectos de suavizar la medida, Espadaler propone trasladar a los agentes a un edificio "más moderno y operativo" fuera del centro de Barcelona.
Ya en la pasada legislatura nacional, las fuerzas separatistas reclamaron el traspaso del edificio para aprobar los presupuestos de 2022. La cuestión volvió a aparecer en las negociaciones para la última investidura de Pedro Sánchez.
En septiembre del pasado año, el Ayuntamiento, también dirigido por los socialistas, colocó unas baldosas "reivindicativas" delante de la Jefatura con las palabras "justicia", "memoria" y "reparación". El Sindicato Unificado de Policía tachó de "ofensivas" las baldosas, pidió su retirada y recordó que el edificio policial de la Vía Layetana se ha convertido en un símbolo para el independentismo y que sus manifestaciones violentas siempre incluyen el ataque a los agentes de la Policía Nacional que trabajan en él.
También advierte el SUP el abandono institucional que sufren los policías nacionales en Cataluña, el hostigamiento por parte de las autoridades autonómicas y locales y el odio separatista.