El dictamen no vinculante de uno de los abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Dean Spielmann, sobre la amnistía ha causado una oleada de euforia y optimismo tanto en el Gobierno como en los partidos separatistas. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha felicitado en los pasillos del Congreso porque el abogado general, según su versión, le da la razón en todo al Ejecutivo y concluye que la amnistía es una norma conforme al derecho de la Unión Europea.
En parecidos términos se ha manifestado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien entiende que el dictamen allana el camino para que pueda volver a presentarse a unas elecciones pues también según su versión la malversación sería un delito amnistiable. Junqueras fue indultado y amnistiado, salvo en el apartado relativo a su inhabilitación, que el Tribunal Supremo mantiene al considerar que la malversación con enriquecimiento personal no puede ser amnistiada.
La reacción del prófugo
En cuanto a Carles Puigdemont, como es su costumbre, ha publicado un extenso texto en su cuenta de la red social X en la que celebra la opinión del abogado general pero alerta en primer lugar de que el informe no es vinculante y en segundo, que la amnistía se debe aplicar por los tribunales españoles, que tienen la última palabra sobre el particular.
Para Puigdemont, la opinión del abogado general "ha dejado en evidencia la indecente estrategia de la dilación y la manipulación con la intención de bloquear la aplicación de la ley de amnistía en su totalidad, y a todos: desde los acusados falsamente de terroristas a los acusados —y en algunos casos, condenados— por una malversación inexistente".
El todavía prófugo líder de Junts sostiene que la ley de amnistía no se aplica a todos los afectados "porque existe una instrucción a la que obedecen ciegamente algunos tribunales, empezando por el Supremo, algunas entidades tan oscuras y opacas como Societat Civil Catalana (por cierto, aliada del PSC en todas las batallas) y VOX, que actúa de acusación popular: 'el que pueda hacer, que haga'".
Esa frase fue pronunciada por José María Aznar, no por ningún dirigente de Vox. El comentario al dictamen concluye en estos términos: "La opinión del abogado general es muy explícita y muy bien fundamentada, pero no olvidemos que la última palabra la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar a la patria. Y que para ellos, el encargo que les hizo alguien que habría tenido que ser juzgado como criminal de guerra es más vinculante que lo que pueda decir el Congreso y la Unión Europea. No estamos tratando con la justicia belga, alemana, italiana o francesa: estamos tratando con la española. Y quienes tenemos memoria y experiencia sabemos de qué son capaces".
Respuesta de SCC
El presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), el exmilitante socialista Àlex Ramos, ha señalado que "queda mucho partido por jugar" y que "haremos todo lo que esté en nuestras manos para mantener viva ante el Tribunal de Cuentas la causa contable por malversación contra los dirigentes separatistas por uso de dinero público para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017".
El Tribunal de Cuentas dirime si una treintena de altos cargos de la Generalidad, entre los que se cuentan Puigdemont, Junqueras y Artur Mas, usaron fondos públicos, alrededor de 3,5 millones de euros, en la difusión internacional del proceso separatista y en la organización del simulacro de referéndum del 1-O.
SCC ha emitido un comunicado en el que señala que "una lectura atenta del dictamen del abogado general pone de manifiesto, señala Álex Ramos, que "el procedimiento previsto por la ley de amnistía para su aplicación vulnera la Tutela Judicial Efectiva (el derecho a un juicio justo) que afectaría a la esencia del Estado de Derecho". En consecuencia, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea refrenda el dictamen del abogado general, el caso debería volver al Tribunal de Cuentas".
Análisis del dictamen
La entidad constitucionalista destaca además las siguientes consideraciones del abogado general:
1. La ley de amnistía-LOA obliga al Tribunal de Cuentas a tomar una decisión en un plazo máximo de dos meses. El abogado general entiende que esta decisión no es válida conforme al Derecho de la UE porque impide investigar con normalidad si hubo afectación de fondos de la Unión Europea. Podemos estar, en consecuencia, ante una próxima investigación tendente a verificar si hubo fondos europeos implicados.
2. La ley pretende que se levanten las medidas cautelares y se absuelva a los implicados antes de que el TJUE responda. El abogado general dictamina que tal medida conculca también el derecho de la UE, de forma que el Tribunal de Cuentas puede mantener las medidas cautelares mientras esté pendiente de resolver la cuestión prejudicial.
3. La ley de amnistía intenta limitar quién puede intervenir en el procedimiento y ha dejado fuera a quien ejerce una acción pública, como es el caso de SCC. El abogado general del TJUE considera que tal disposición va contra el derecho comunitario ya que sólo permitía intervenir a la parte perjudicada —la Generalidad de Cataluña—, pero ésta no se ha pronunciado dado que es parte interesada en amnistiar a los denunciados. SCC espera, por tanto, poder intervenir en el procedimiento.
Informe político, no jurídico
La opinión generalizada es que el abogado general, Dean Spielmann, ha realizado un informe más político que jurídico y que lo ha hecho empleando las tesis del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la supuesta normalización de la convivencia en Cataluña y pasando por alto el carácter instrumental de la amnistía para investir a Pedro Sánchez, a pesar de haber quedado por detrás del PP.
En la nota de prensa del TJUE sobre los informes del abogado general se indica que la ley de amnistía "cumple los estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: por un lado, parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía; por otro lado, no incluye violaciones graves de derechos humanos, entre las que se cuentan, primeramente, las violaciones de los derechos a la vida y a la integridad física".