Después de varios años de comidas en restaurantes de lujo, juergas en paradores y supuestos sobresueldos más que cuantiosos, la trama Koldo afronta un año negro en 2026 pagando las consecuencias de su presunta organización criminal.
Los primeros en afrontar juicio serán presumiblemente el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario vinculado a la trama Víctor de Aldama. Estos están siendo investigados por el Tribunal Supremo por el cobro de supuestas mordidas ilegales a raíz de la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia, trama por la que Ábalos y Koldo pasarán la Nochevieja en la cárcel a la espera de la apertura de juicio oral. Solo por este caso, la Fiscalía Anticorrupción pide para Ábalos 24 años de prisión, 19,5 años para Koldo y siete para Aldama, que ha colaborado con la Justicia.
Fuentes jurídicas han avanzado a Libertad Digital que el Supremo podría acordar la apertura de juicio oral antes de finales de marzo, por lo que esta causa sería la primera por la que los responsables socialistas tendrían que afrontar el juicio, que tendría lugar en la sede del Tribunal Supremo. Los sucesivos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) han apuntado cómo los dirigentes del PSOE presionaban a diferentes instituciones públicas para que eligieran a la empresa de Aldama, Soluciones de Gestión, como proveedor de mascarillas.
En este sentido, se ha visto implicado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, cuyos mensajes revelados por la UCO han mostrado que claramente presionó para que se contratase a esta empresa cuando ejercía como presidente canario; algo que él siempre había negado. Sin embargo, Torres no ha sido imputado por el momento, ya que el magistrado instructor del caso, Leopoldo Puente, no consideró suficientes los indicios recogidos por los agentes de la Guardia Civil como para imputar al ministro del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.
En el escrito de acusación firmado por el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, se especifica que Ábalos, Koldo y Aldama tenían una especie de "convenio criminal" con el que buscaban aprovecharse de mordidas ilegales procedentes de dinero público. Además, se certificaba que el exministro y su exasesor manejaban grandes cantidades de dinero, metálico que vendría de las comisiones ilegales. Los mencionados se enfrentarán a juicio por haber cometido supuestos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.
Las mordidas por comisión de obra pública
Esta es la primera pieza que irá a juicio, pero no la única, ya que la trama Koldo pasó a calificarse en el Supremo como trama Delorme cuando se descubrió una nueva rama de la trama en la que también se encontraba el sucesor de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización Socialista, Santos Cerdán.
Esta versa sobre las comisiones que la trama habría adquirido por presionar a diferentes organismos públicos —sobre todo, dentro del Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos— para adjudicar obras públicas a ciertas empresas. En concreto, supuestamente se presionaba para que se adjudicaran obras a la empresa Acciona, la cual, a su vez, contrataba a la empresa navarra Servinabar, de la que Santos Cerdán era copropietario junto a su amigo Antxon Alonso. Servinabar cobraba el 2% del valor de la adjudicación. Esta pieza todavía se encuentra en fase de instrucción, en manos también del juez del Supremo Leopoldo Puente, aunque, debido al avance de las investigaciones de la UCO, se espera que Puente mande a los acusados a juicio en los próximos meses.
Los pagos en efectivo del PSOE
A todo esto, se une la forma en que los dirigentes socialistas podrían haber estado lavando dinero: una causa que investiga el magistrado instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno respecto a los pagos en efectivo que hacía el Partido Socialista. Moreno está investigando todos y cada uno de los pagos que el partido habría realizado a dirigentes, cargos orgánicos, militantes e incluso simpatizantes del PSOE por el adelanto de gastos entre los años 2014 y 2024.
El fiscal Anticorrupción Luis Pastor describe en un escrito, al que tuvo acceso Libertad Digital, las prácticas extrañas e incomprensibles que hacía el Partido Socialista para pagar los gastos a sus cargos orgánicos en efectivo. Una de ellas, era la de pagar a una empresa de seguridad para que llevara dinero en metálico a la sede nacional de la formación socialista, en la madrileña calle de Ferraz. Todo ello, cuando podía abonar los gastos más cómodamente y de forma gratuita por transferencia bancaria. El mismo escrito recuerda que el partido ha recibido acusaciones de haber sido financiado ilegalmente.
Este caso podría desembocar en dos vías delictivas muy diferentes: o bien que los dirigentes socialistas hubiesen creado un entramado a través del partido para blanquear el dinero de sus mordidas, siendo el PSOE perjudicado; o bien que fuera el propio PSOE el que se estuviese financiando ilegalmente gracias a las mordidas de la trama.
Todo ello es probable que quede vislumbrado durante el próximo año 2026, presumiblemente un año horribilis para la trama nacida en el seno del Partido Socialista y del Gobierno de Pedro Sánchez.