El trágico accidente de Adamuz y el de Rodalíes, seguido del caos ferroviario nacional y el específico de Cataluña, han puesto sobre la mesa algo que se venía demandando por parte de expertos en infraestructuras: la falta de mantenimiento en la red ferroviaria. Algo parecido ocurrió a raíz de la dana de Valencia en relación a las infraestructuras hidráulicas, pero que dos años después, a principios de 2026, vuelve a ser motivo de preocupación para los expertos, porque siguen sin acometerse las inversiones necesarias para paliar las evidentes deficiencias detectadas, enterradas por la lucha partidista, pero que van mucho más allá de las que necesita la Comunidad Valenciana.
En 2024, poco después de la dana de Valencia, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil denunció que la seguridad de las presas en España no era adecuada desde el punto de vista normativo y de organización. En una jornada de expertos celebrada por la Asociación en diciembre de 2024 destacaron que la dana puso de manifiesto la enorme importancia de las infraestructuras hidráulicas. En esa jornada señalaron que la presa de Forata "unido a la existencia del nuevo cauce del Turia a su paso por Valencia, evitó una tragedia mayor". Pero se puso como contraejemplo "el Barranco del Poyo, sin infraestructuras hidráulicas".
Pero lo más interesante de esa jornada, visto a día de hoy, es que ya alertaba Jesús Contreras —ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, consultor de Obras Hidráulicas y miembro de la Junta Directiva de la Aiccpic— sobre la necesidad de inspeccionar la mayor parte de las infraestructuras hidráulicas españolas porque, de las 1.300 grandes presas que tenemos, unas 450 tienen más de 60 años y más de un centenar mas de 100 años. Según los datos del Gobierno recogidos por Contreras, un 75% de esas grandes presas de titularidad estatal necesitaba estudios complementarios de seguridad y un 50% necesitaba rehabilitación.
Contreras afirmaba entonces que era "fundamental hacer una revisión de la normativa urgentemente" y proponía la creación de "un organismo de seguridad hidrológica" que controlase "de forma independiente y con recursos" todo lo referente a la seguridad de las presas.
... Un año después
Más de un año después, y con una tragedia ferroviaria detrás de la cual supuestamente estaría también un deficiente mantenimiento de la infraestructura según el primer informe de la CIAF, han vuelto a saltar todas las alarmas sobre la situación de las presas y embalses en nuestro país, teniendo en cuenta que España posee una de las redes de infraestructuras hidráulicas más densas del mundo y que los expertos han alertado del envejecimiento y la falta de inversión histórica en la red.
Según el Instituto de Ingeniería de España, nuestro país cuenta con aproximadamente 2.453 presas —de las que 1.300 son catalogadas como "grandes presas" destinadas a "abastecer a la población, sostener la agricultura, generar energía renovable y actuar como barrera frente a incendios"—. Según la presidenta del Instituto, María Cruz Díaz, señaló a Artículo 14, "el mantenimiento de estas infraestructuras atraviesa un momento crítico".
Estado de conservación crítico
El estado de conservación de esas presas es muy desigual. Más de 600 superan el medio siglo y un centenar tiene más de 100 años de antigüedad, cuando su vida útil estimada es de 50. Más grave aún es que un 40% de las presas se ubican en zonas donde una rotura afectaría gravemente a núcleos urbanos: más de un millón de personas en el litoral mediterráneo viven en zonas de riesgo grave. Por volver a la dana de Valencia, más de 110.000 personas quedarían expuestas en caso de fallo en la presa de Forata, que resistió milagrosamente en la riada de 2024.
Reducción de la inversión pública
En octubre de 2025, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil ha vuelto a denunciar el estado de las presas españolas, y en el informe emitido han identificado una reducción de la inversión pública del 57% y un descenso de la ejecución del 29% de lo previsto en los Planes Hidrológicos y de Gestión de Riesgos de Inundaciones.
Según los técnicos de la Aiccpic, la normativa técnica de seguridad vigente es "ambigua y deficiente" pues sólo constituye un "marco de referencia" y no tiene carácter vinculante, por lo que "no aplica al 95% de las presas", se quejan.
Entre las cosas que piden estarían la implantación generalizada de planes de emergencia, la creación de un Consejo de Seguridad de Presas con independencia y financiación propia y el restablecimiento del Servicio de Vigilancia de Presas.
Situación a día de hoy
En febrero de 2026, informes de colegios e ingenieros han advertido de que unas 140 presas tienen comprometida su seguridad debido a la falta de un mantenimiento profundo. Así lo ha vuelto a exponer Jesús Contreras en varias televisiones, señalando que esta situación de falta de "mantenimiento" —otra vez— supone, en su opinión, un riesgo real para la seguridad de las personas que viven aguas abajo de estas infraestructuras hidráulicas.
"La seguridad hidrológica está basada en los aliviaderos y los desagües de fondo. 143 presas de las del Estado tienen la seguridad hidrológica comprometida. Y 150 los desagües de fondo inoperativos o con dudoso funcionamiento, y para colmo, otras 150 presas, con problemas estructurales. Esto quiere decir que no se cumplen los coeficientes de seguridad con los que se diseñaron. Ante esta situación, el Ministerio no hace nada. El problema, lo vengo repitiendo, es que el gestor, el vigilante de la seguridad de las presas, es la Dirección General del Agua, que a su vez es el dueño de 335 presas que están en un estado en precario. Y como no le dan dinero para gastar, porque se gasta en otras cosas, pues no hay nada que hacer. Ese es el tema"
🔴URGENTE| Un ingeniero de camino ALERTA del RIESGO GRAVE de las presas por falta de mantenimiento: "Se tendría que estar gastando 500 millones y en 2023 solo se destinaron 16 millones. 143 presas tienen la seguridad hidráulica comprometida. 150 presas los desagües de fondo… pic.twitter.com/2Bf8mSnJMz
— Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) January 30, 2026
Deficiencias críticas
En resumidas cuentas, existen en las presas españolas unas deficiencias críticas de seguridad que afectan a sus planes de emergencia, a sus desagües y al personal de vigilancia.
En cuanto a los planes de emergencia, el 75% de las presas de titularidad estatal no tienen aún implantado un plan de emergencia, ya sea sirenas, sistemas de aviso o protocolos de evacuación. Pese a que la presa de Forata en la dana de 2024 puso en evidencia esta carencia, la pelea política ha dejado que este asunto primordial no se aborde, porque lo importante es sacar réditos políticos de la tragedia. Más de un año después, Forata sigue sin tener un plan de emergencia implantado, pero todos los españoles sabemos qué comió Carlos Mazón en El Ventorro y cuándo pagó el parking su acompañante en esa comida.
Sobre los órganos de desagüe, cerca de 170 infraestructuras hidrológicas presentan problemas en sus desagües de fondo —claves para vaciar la presa en caso de una emergencia— con casi un 50% de estos sistemas inoperativos o averiados. Y volviendo a Forata, símbolo de todo lo que puede funcionar mal en una presa, su desagüe de fondo no funciona desde hace 15 años. Le sumamos que no tiene un plan de emergencia implantado, como hemos señalado, y que, además, tiene un fallo estructural grave —un muro a cota más baja—, y aún nos preguntamos cómo 15 meses después lo importante no es solucionar estos problemas o los que afectan al Barranco del Poyo, sino convocar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a la Comisión de Investigación del Congreso sobre la dana.
La tercera denuncia recurrente de los expertos sobre la situación de las infraestructuras hidráulicas es la falta de ingenieros especializados y personal de vigilancia a pie de presa, que son sustituidos en muchos casos por sistemas automáticos que no siempre funcionan correctamente.
Las necesidades en inversión son enormes: según cálculos de la patronal Seopán, estarían en torno a los 100.000 millones de euros en los próximos 10 años para modernizar las infraestructuras hidráulicas y mejorar su resiliencia. De momento, y según denuncia la Aiccpic, la inversión se ha visto reducida en un 57%.