El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados que, bajo el rimbombante título de "defensa de la libertad de información y expresión", esconde una nueva maniobra de propaganda para proteger a sus terminales mediáticas afines. En el texto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el PSOE utiliza las instituciones para salir en auxilio de perfiles como la tertuliana Sarah Santaolalla o la activista Elena Reinés, elevándolas a la categoría de referentes del periodismo mientras ataca frontalmente a los medios independientes.
La exposición de motivos del PSOE no escatima en victimismo. Los socialistas pretenden que el Pleno del Congreso debata sobre el supuesto "acoso" que sufren perfiles de la órbita de la izquierda radical en redes sociales, citando específicamente a Santaolalla, conocida por su agresividad verbal contra cualquier postura liberal-conservadora y por fingir supuestas agresiones, y a Reinés.
Lo que el PSOE define como "amenazas de la extrema derecha" es, en realidad, la reacción de la opinión pública ante el sectarismo de quienes el Gobierno considera "analistas", pero que actúan como auténticos comisarios políticos. Para el partido de Pedro Sánchez, la libertad de expresión parece ser un derecho exclusivo de quienes aplauden sus políticas; para el resto, el PSOE reserva calificativos como "agitadores ultraderechistas".
El documento socialista dedica buena parte de su argumentación a defender el actual modelo de RTVE, un ente público convertido hoy en el mayor aparato de propaganda gubernamental de la historia de la democracia. El PSOE acusa a Vox de querer entrar en la corporación con "motosierra o lanzallamas", retorciendo metáforas políticas para presentarse como los garantes de una "información veraz" que, a la vista de los datos de audiencia y las constantes quejas de los propios trabajadores por manipulación, brilla por su ausencia.
Ataque a la soberanía de otros países
Resulta especialmente llamativo que el PSOE aproveche esta iniciativa para cargar contra líderes internacionales como Donald Trump o Nigel Farage, acusándolos de asfixiar económicamente a medios públicos. En un ejercicio de injerencia política sin precedentes en una PNL, los socialistas critican el cierre de la corporación pública de EEUU (CPB), obviando que la soberanía de otros países para gestionar sus presupuestos no debería ser objeto de debate en el Congreso español para tapar sus propias carencias.
La PNL insta al Gobierno a "apoyar el derecho a la libertad de información sin censura", una paradoja sangrante viniendo de un Ejecutivo que ha intentado por todas las vías, desde el Ministerio de la Verdad o la creación de Hodio, el último ‘chiringuito’ socialista para acabar con la libertad de expresión, hasta el reparto arbitrario de publicidad institucional, amordazar a la prensa que investiga la corrupción que rodea al entorno de la Moncloa.