Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: el aniversario de la moción de censura, Feijoo y sus negociaciones, el caso mascarillas o el juicio al hermano de Sánchez.
Amargo cumpleaños en Ferraz
Este lunes se cumplían ocho años del triunfo de la moción de censura del PSOE contra el Gobierno de Rajoy y los socialistas los celebraron con una reunión de la Ejecutiva con sonrisas de atrezzo y palmadas en la espalda. Una de ellas, del presidente del Gobierno a Juan Francisco Serrano, que, aunque aún no está imputado, podría acabar estándolo en el caso de las cloacas. Tras la reunión, en la que no hubo autocrítica, se lanzó la orden de seguir adelante con la estrategia del victimismo, presentando al Ejecutivo como damnificado de una oposición "marrullera". El País se suma a la estrategia titulando en portada "Sánchez cuestiona ante su cúpula el trato de la justicia al PSOE" y con una tribuna de Ignacio Sánchez Cuenca en la que cuestiona la imparcialidad de los jueces. Carga contra magistrados como Peinado o García-Castellón y sostiene que "para formarnos una opinión de lo que está sucediendo no podemos confiar ciegamente en el principio de imparcialidad de la justicia" y añade que "tampoco hay buenas razones para creer sin más en las actuaciones policiales". Acusa a los agentes de la UCO y de la UDEF de "mezclar realidad y ficción" en sus informes cuando no "falsedades y manipulaciones". Mientras señalan a la oposición, medios de comunicación, jueces o policías, siguen sin tomar medidas contra la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, imputada por supuesta falsificación de documento mercantil o contra "la fontanera", Leire Díez, quizás porque –como dice Javier Portillo en La Razón– "el PSOE no quiere cabrear, porque seguramente sepa tantas cosas de la máquina de fango del partido que es mejor no provocar".
A esto hay que sumar la información que confirma ABC: "La cloaca del PSOE pagó las defensas de Ábalos y Koldo". La información que maneja Javier Chicote es que "para el asesor usaron a un abogado investigado en el caso Leire –Ismael Oliver– y al exministro le ofrecieron costear su letrado "cuando lo imputaron" a pesar de que ya estaba suspendido de militancia y había pasado al Grupo Mixto del Congreso. Como explican en el editorial "No se trata únicamente de quién abonó determinadas minutas profesionales, sino de la posible existencia de una estrategia orientada a mantener bajo control político las defensas de quienes poseen información especialmente sensible para el partido que sostiene al Gobierno de España". Koldo García rompió con el letrado que le había puesto Ferraz y Ábalos también acabó apartándose de quienes habían dirigido inicialmente su defensa. En estos momentos, "sólo Santos Cerdán permanece vinculado a Jacobo Teijelo, un penalista cuya presencia recurrente en episodios relacionados con la operación diseñada para neutralizar investigaciones incómodas suscita numerosas preguntas". Conociendo todas estas informaciones, escribe David Jiménez Torres en El Mundo que "los socialistas denuncian una turbia conspiración de un deep state franquista de la misma forma que los sediciosos lo hicieron después de 2017 –y los batasunos, siempre–. Por esto siempre resultó tan inverosímil la pretensión central de aquella moción de censura de la que ahora se cumplen ocho años: ¿cómo se iba a apoyar un proyecto de limpieza y regeneración institucionales en partidos que buscaban abiertamente desmontar el funcionamiento del Estado de Derecho y de la Constitución? Ese fue el pecado original del sanchismo".
Feijóo vuelve a reunirse con empresarios catalanes
Alberto Núñez Feijóo viaja hoy a Barcelona para reunirse con los empresarios catalanes del Círculo de Economía. Según El Mundo, el líder del PP va a "azuzar la moción en Cataluña". Pretende presionar a Junts a través de los empresarios para que el partido de Puigdemont apoye una moción instrumental, solo para "echar" a Pedro Sánchez de La Moncloa, "limpiar las instituciones" y convocar elecciones anticipadas. Génova ha filtrado el discurso del jefe a Juanma Lamet y Carlos Segovia, por eso aseguran que la idea clave que intentará transmitir a los empresarios es que "Cataluña no se puede conformar con este bloqueo". Ignacio Camacho escribe en ABC sobre "la ingenuidad voluntarista" del líder del PP. Advierte a Feijóo de que "con los "puigdemones" no puede ir a ningún sitio un partido que respete la ley y pretenda que el Supremo juzgue por malversación al prófugo de Bruselas" y alerta de que "en el muy dudoso caso de que decidieran cambiar de bando –tanto PNV como Junts– pondrían un precio imposible de pagar sin grave quebranto del orden jurídico o del modelo territorial solidario".
Habría que sacar de la ecuación a los nacionalistas vascos que trasladan a El País que de apoyar al PP, nada. Aun con todo, dice La Razón que "el desbloqueo" podría llegar "tras el verano" y aseguran que el PP podría presentar la moción atando únicamente la abstención, que no el voto a favor, de los nacionalistas vascos y los separatistas catalanes. Una estrategia abocada al fracaso, ya que el Gobierno resistiría. Sin embargo, según esta tesis, existiría ya la "constatación real de que no tiene el respaldo de la Cámara para continuar y le podría forzar a convocar". En realidad, esta lectura resulta extraña porque hace tiempo que Sánchez ha confirmado su soledad parlamentaria. Frente al rechazo de otros columnistas, Lucía Méndez se posiciona a favor de la moción y escribe hoy en El Mundo que el líder del PP "puede considerar que aunque no tenga números para salir, quizá la moción sea una obligación moral y/o política en un momento en el que tal vez los ciudadanos estén esperando que alguien haga algo. Feijóo podría hacerlo. Podría arriesgar. Podría incluso ganar la moción, aún perdiéndola en votos. Podría llevar al Congreso el debate parlamentario que merece ahora mismo la crisis de confianza en el Gobierno suscitada por la corrupción.
El PSOE va de víctima y sus satélites acusan a los agentes de manipular informes
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— esRadio (@esRadio) June 2, 2026
Okdiario adelanta la posible sentencia del caso Mascarillas
Cuenta Okdiario que el Tribunal Supremo se inclina por condenar a Ábalos y Koldo a casi la mitad de cárcel de la que pide el fiscal y a Aldama a 2 años. El tribunal sopesa condenar al exministro a una pena de entre 10 y 14 años de prisión, de los que cumpliría efectivamente entre 6 y 9. A su exasesor podrían imponerle una pena de entre 8 y 11 años, de los que cumpliría 5 o 6.
Primer día del juicio al hermanísimo
LD ha accedido a un documento de la UCO que forma parte del sumario del caso que demostraría que "la Diputación Provincial de Badajoz manipuló las actas para justificar el enchufe del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez". Según ese informe, los responsables de RRHH elaboraron un documento inicial en el que concluían que ninguno de los otros candidatos reunía los requisitos para el puesto de coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz, excepto el hermano del presidente. Sin embargo, cuando un mes después, Podemos solicitó información sobre el contrato, habrían elaborado un segundo informe para disimular el enchufe donde se declaraba que 6 de los aspirantes eran aptos. Además, la puntuación del "hermanísimo" pasó de 90 puntos a 100 y, mientras se despachaban las cualidades de los otros candidatos con línea y media, a David Sánchez se le dedicaban 11. La primera jornada del juicio estuvo marcada por la decisión del tribunal de retirar, por prescripción, uno de los delitos que se le imputaba: el de aceptación de nombramiento ilegal, el más leve de todos. Sin embargo, hoy Vozpópuli señala que "la jurisprudencia que el Tribunal Supremo ha establecido desde hace más de una década impide el vencimiento de delitos si no prescribe el delito más grave o el principal". También se libra Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, de ser juzgado por la contratación de Luis Carrero –procedente de Moncloa– porque en la fase de instrucción no se le preguntó por el asunto. Ayer comenzaron a comparecer los primeros testigos de la causa por su supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz. Titula El País que "los testigos desinflan algunos indicios contra el hermano de Sanchéz".
Y así fue, cambiaron su testimonio respecto al que habían dado en la fase de instrucción a la juez Beatriz Biedma. Uno de ellos aspiraba al mismo puesto que Sánchez –coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz– y los director de otros dos centros matizaron su testimonio. El caso más llamativo es el de Yolanda Sánchez, directora del Conservatorio Juan Velázquez. Ella sigue en su puesto y, tras asegurar a la magistrada hace solo unos meses, que ella y otro compañero, el autor del email cuyo asunto era "hermanísimo", se molestaron cuando la entonces directora del Área de Cultura les informó de la creación de ese puesto al entender que se necesitaban otro tipo de puestos, como profesores. Ayer, sin embargo, reculó y dijo ante el afectado que la "ayuda" de David Sánchez les vino "muy bien". Una estrategia a la que sumó la directora del Conservatorio Superior. Según Hoy Extremadura, Rosario Mayoral dijo que el puesto era necesario porque los equipos directivos estaban superados y, además, "dirigir las óperas tiene muchísimo trabajo". Hoy declara otra de las aspirantes al puesto. Su testimonio es vital porque denunció ante la fiscalía las supuestas irregularidades del proceso de selección tras recibir un mensaje de WhatsApp del director del Conservatorio de Plasencia, Antonio Suárez, en el que le advertía de que la plaza estaba dada de antemano y le animó a no presentarse: "Ya sé para quién es el puesto, es para el hermano de Pedro Sánchez", le escribió.
El Gobierno 'maneja' el censo por si hay que ir a elecciones
Si los juicios que están en marcha y los que están por venir se tuercen, no cogerá al Gobierno con el pie cambiado. El Debate publica que "Sánchez acelera el asalto al censo para las generales sacando del control de los funcionarios la nacionalización masiva en Argentina". Cuentan que el Ejecutivo ha externalizado el proceso para conceder la nacionalidad a los 645.052 solicitantes de la Ley de Memoria Democrática en el Consulado General de Buenos Aires y baraja hacerlo en otros consulados.
Pedro Sánchez pretende conseguir que Buenos Aires incorpore al censo electoral más españoles que la población de ciudades como Málaga, Murcia o Palma, siendo además Argentina un histórico granero electoral del PSOE en el exterior y el que tiene más capacidad de alterar los resultados provinciales en las próximas elecciones generales.